Durante la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos, el combate se hizo dentro del territorio norteamericano, no se le pidió a Escocia que destruyera la producción de wisky, ni se le pidió al Canadá que se dedicara a combatir el tráfico de bebidas alcohólicas, mucho menos se les calificó o sancionó con descertificaciones por su comportamiento.

 

En Europa ya existe la polí­tica que permite la tenencia de varias drogas para consumo personal. Recientemente, los ex presidentes de Brasil, Fernando Enrique Cardoza; de Colombia, César Gaviria y México, Ernesto Zedillo plantean la discriminalización de la tenencia de marihuana para uso personal y el «cambio de paradigmas» en el combate a las drogas, evidenciando que el combate como única polí­tica, contraria al consumo de drogas, no ha logrado los resultados que el Gobierno norteamericano plantea.

 

Para los guatemaltecos, las drogas, su comercialización y traslado se han convertido en un importante tema que influye enormemente en la inseguridad. Los tribunales, los jueces cada dí­a más se encuentran en precaria situación para poder juzgar y conocer estos hechos. No es que no tengan «preparación y coraje», lo que no tienen es lo que al embajador McFarland le sobra, vehí­culos blindados, personal de seguridad y millonarios ingresos.

 

Recientemente el embajador norteamericano entregó tres lanchas con dos motores. Qué impacto pueden tener esos limitados vehí­culos marí­timos. También se informa que en su programa de combate a las drogas se entregará al gobierno de Guatemala 16 millones de dólares y al gobierno de México 400 millones. Qué puede significar esa reducida cantidad de ayuda a nuestro paí­s cuando los gastos que el Estado debe realizar son 20 veces mayores.

 

Ningún ciudadano, ningún padre de familia desea que en nuestro paí­s se ofrezcan drogas, que se trafique con las mismas pero tampoco podemos pretender que los guatemaltecos nuevamente seamos quienes tengamos que contribuir con recursos y sacrificios en el combate a las drogas, cuyos consumidores son principalmente los paí­ses desarrollados como Estados Unidos.

 

Lo menos que el gobierno norteamericano deberí­a establecer con Guatemala es un acuerdo de reembolso o de reintegro de gastos derivados del combate al tráfico de drogas, llevar las cuentas de lo que se invierte en personal guatemalteco y equipos en la persecución del tráfico y en la destrucción de estupefacientes, en protección a los jueces y oficiales, en mantenimiento y operación de todas esas labores para que el ciento por ciento de nuestros impuestos, utilizados en ese combate, se nos reintegre mes a mes.

 

En otras palabras, el que quiere celeste que le cueste. Es un abuso pretender que nuestra débil economí­a subsidie a la más grande del mundo en un problema que ellos deben resolver.