Indiscutiblemente se ha destapado el debate sobre una reforma de orden constitucional que tenga efectos inmediatos y específicos en la modernización del Estado. Tal discusión va adquiriendo diferentes dimensiones y abarcando distintos aspectos políticos y jurídicos sobre lo que impone abrir esta caja de Pandora. El debate pues hay que distinguirlo inicialmente sobre la intencionalidad política estratégica del Gobierno de turno, al querer impulsar un cambio de esta envergadura, mismo que se anuncia en los primeros seis meses de su mandato.

 La reforma política, junto al anuncio de analizar una eventual despenalización de las drogas y la intencionalidad relacionada con el desarrollo social y rural a partir de un ministerio nuevo y la ley específica, pueden anunciar el tipo de carácter que el Patriota le quiere imprimir a su periodo en el Gobierno. Caben aquí dos preguntas de tipo histórico: qué tipo de pacto político se agotó  que hace necesario un ajuste a las correas del mismo? Y la segunda con mayor preocupación, será el Estado el objeto de una reforma de esta dimensión, o nuevamente éste será un medio de continuidad para otros de tipo sectorial? Como sea es evidente que el nuevo administrador del Estado quiere reordenar la casa y eso pasará no solo por la decoración sino por el mobiliario, si bien no llegará a las estructuras. En una segunda superficie, la discusión se da sobre las ventajas, la pertinencia o los peligros del método que se utilizaría para tal reforma.  Sobre esto hay que decir que la determinación del mecanismo que se utilice, determina bastante el ámbito de los contenidos de los cambios constitucionales. Como ya se ha dicho, los caminos se resumen en tres: reforma institucional, que prevé cambios a través de una reorganización de la administración pública. El segundo y el tercer mecanismo se diferencian del primero porque enfocan a cambiar la Constitución, y allí radica otro factor de diferenciación entre éstos, relacionado sobre el alcance de la reforma. Si lo que se quiere es cambiar el ámbito de los derechos sociales, a decir sobre la familia, la educación, la cultura, las comunidades indígenas, sobre sobre la educación, sobre la identidad o en general sobre la organicidad del Estado y del poder público, incluso sobre las reglas del sistema político, se hace necesario obtener la anuencia de dos terceras partes del Congreso y luego el refrendo de tales reformas por medio de una consulta popular. Ahora bien si lo que se quiere es cambiar los principios o fundamentos capitales del sistema político que refieren a los derechos individuales, se impone la vía de la Asamblea Nacional Constituyente, incluso para cambiar la regla de reforma prevista por la misma Constitución, específicamente en el artículo 278. Una siguiente dimensión que se convierte en dilema es la viabilidad de procesos de reforma a leyes específicas ya abiertos, y su posible colisión con una reforma de la Ley Constitucional obviamente de mayor rango.  El debate abierto sobre la reforma del Estado surge en plena discusión de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, promovidas por la comisión legislativa específica y que en su primera fase de deliberación incluyó un foro abierto a las propuestas de la sociedad civil especializada en el monitoreo del sistema político electoral. Una opción es tratar de alinear o encontrar las propuestas surgidas desde el debate que promueve el poder Legislativo y sociedad civil, con las ideas que contendrá el plan del Presidente que se espera para el 2 de julio.  Esto me lleva finalmente a la última capa que se cierne sobre el debate de la reforma política, que la dejo planteada en forma de preguntas  intermitentes: ¿quiénes discuten la reforma?, ¿quiénes tienen interés en ella?, ¿quiénes la aprobarán?, ¿dónde está la propuesta de la izquierda? ¿Seremos observadores de vitrina nuevamente?