La pugna, como las mareas, es perenne. El agua ruge y se arremolina, a mediodía en la cresta, a medianoche en la arena. El fragor de las olas es constante aunque no todos lo escuchan; a veces chocan las corrientes en las profundas capas subterráneas. Las embestidas del poder avanzan y retroceden frente a la oposición del pueblo, pero ese poder siempre tiende a perpetuarse y extenderse.

Es su impulso natural; su energía vital. El dominio y el temor de los gobernados es el alimento del Leviathan de Hobbs o del Big Brother de Orwell. Los ciudadanos comunes se afanan por contener el absolutismo. La historia del constitucionalismo no es más que una recopilación de las limitaciones que se han ido estableciendo al ejercicio del poder. La Carta Magna, la Declaración de los Derechos del Hombre, la Constitución de los Estados Unidos, la de Francia y luego todas las demás constituciones modernas. Son ataduras, camisas de fuerza, que a lo largo de los tiempos han tratado de contener el expansivo control de los dirigentes. Sogas y cadenas para maniatar al monstruo, pero a veces son apenas hilos de lana y por eso no hay quietud ni descanso. Y al igual que en las guerras, las armas y las tácticas se modifican. Se implementan estratagemas de sorpresa. A veces los ataques son frontales, de fuerza bruta y otras veces predomina la astucia. Así el dirigente, a pesar de las constreñimientos legales busca nuevos espacios, procura encontrar alguna grieta pequeña para poderse filtrar. Por eso la vigilancia es permanente y el precio de la libertad consiste en estar en alerta constante.  Para eso están las leyes, pero ahora también las leyes se han transformado: el poder quiere precisamente usar de las leyes para su siguiente ataque. La norma legal ha sido un baluarte en la contención del avance del totalitarismo. Por eso la conversión no carece de cierta ironía: ahora el poder estatal se sirve de nuevas leyes para afianzar su dominio. La norma que nos protegía del poder es ahora, un instrumento del poder controlador. La mutación del Leviathan, la variación de las democracias en sistemas fascistas. Esa metamorfosis es una expresión de la evolución de las especies: no sobrevive el más grande ni aún el más inteligente sino el que mejor se adapte a los cambios. El poder público se transforma. La legislación es una herramienta del poder, una palanca para que ese poder se afiance. Por eso surgen nuevos decretos de aplicación general y selectiva. Son disposiciones muy amplias y detallistas que rigen a todos y casi condenan a cualquiera. Imposible aplicar la corrección o castigo en cada caso (eso se sabe de antemano), pero se le puede imponer a “quien quiera”; al que se escoja; al que se debe someter; al que le cayó la mala suerte. Así tenemos las iniciativas de leyes como la S.O.P.A. o P.I.P.A.  Leyes que consolidan el derecho del gobierno para entrar al corazón de nuestras computadoras y determinar si se está o no en legalidad. Una ley que criminalizaba a cualquier que simplemente hubiera grabado, para su uso personal,  una foto, algún comentario o cita sin identificar las fuentes; una ley que consideraba peligrosos criminales a cualquiera que hubiera “bajado” una canción o una fotografía. Una ley absurda, entrometida. Claro que se tienen que respetar los derechos de autor, pero deben implementarse mecanismos menos intrusivos y alarmantes para lograrlo. Pero las leyes que más destacan esa vocación asfixiante del Estado han sido tradicionalmente las leyes fiscales. Se emiten leyes generales y rígidas como a sabiendas que no van a ser cumplidas al pié de la letra; al estilo Pedro el Grande: “pedir lo imposible para obtener lo más posible”. Es obvio que todos debemos pagar los impuestos y cumplir con las leyes. Pero las leyes deben ser claras, congruentes y articuladas. Cuando las formalidades son complejas se prestan a diferentes interpretaciones. Cualquier puede incurrir en error a los ojos del ente recaudador. Quien haya hecho la interpretación que más le conviene puede encontrarse de frente con los reparos de los inspectores que sustentan criterio diferente. Si el precio declarado en la compraventa no coincide con las apreciaciones del fisco todos los actores “se van feo”, el vendedor, el comprador y hasta el notario; igualmente si considera que el contrato es una simulación, etcétera. Los primeros en encumbrarse serán los inspectores. La espada de Damocles está encima. A cualquiera le puede caer.