Aquello de que a uno le gustaban las cuentas claras y el chocolate espeso pasó a la historia en un país donde todo se hace oscuramente y ya cuenta mucho conseguir el viejo chocolate mixqueño que resultaba tan espeso. Si no, que lo diga el interventor de la Portuaria Quetzal que se disparó por sí y ante sí un contrato de concesión de un terreno de 348 mil metros cuadrados para que una empresa española desarrolle y administre su propio puerto de contenedores pegado al puerto nacional. Por eso Pérez Molina dice que no privatizaron el puerto y que éste seguirá operando como entidad del Estado; lo que privatizaron fue el terreno vecino y allí se construirá otra terminal que en poco tiempo desplazará a nuestro puerto.

Además de que le sirvieron en bandeja de plata un auténtico baño de credibilidad a Manuel Baldizón y su grupo político, todavía la vocera del intervenido Puerto Quetzal se apresuró a desmentir que hubiera algún contrato o concesión. Pero no podían mantener oculta por mucho tiempo la maniobra y de esa cuenta ayer mismo el Presidente explicó a su manera el negocio que, obviamente, se manejó a escondidas de la gente y sin darle información a nadie. Algunos funcionarios dicen que se manejó sigilosamente para evitar que poderosos grupos metieran su cuchara y se pudieran adueñar de los terrenos, pero honestamente hablando, entre bomberos no nos andamos machucando la manguera y en Guatemala todos sabemos cómo se manejan los negocios públicos y qué se persigue con este tipo de contratos.

Ayer el editorial de La Hora decía que después de Aviateca, de Guatel y de la Empresa Eléctrica, para citar apenas casos paradigmáticos, no nos puede quedar ninguna duda de cómo se hacen los negocios y para qué. Y mientras más secreto es el mecanismo, más sucio el trinquete, axioma que se puede demostrar a lo largo de la historia en nuestro país y en cualquier lugar del mundo. Precisamente a la forma de actuar honesta se le llama transparente porque no oculta nada, porque todo lo deja ver del principio al fin de una negociación y contrato. En cambio, lo que hizo el gobierno actual con el Puerto Quetzal no se puede calificar sino como algo turbio, opaco, no transparente y por lo tanto con tremendo y espantoso olor a podrido.

La Empresa Portuaria Quetzal, como entidad del Estado, administra bienes públicos que son propiedad de todos los guatemaltecos. No son bienes de uso común, pero sí bienes de propiedad pública y eso obliga a que cualquier forma de enajenarlos tenga que cumplir con los requisitos de ley. Un interventor no tiene facultades legales para disponer, como si fuera de su finca, de una extensión de 348 mil metros cuadrados de tierra que pertenecen a los guatemaltecos y tampoco de suscribir un contrato para que en esos terrenos se construya un puerto alterno que será administrado y lucrado por una empresa privada.

Y me hago la misma pregunta que ya hice cuando hablé del favor que la SAT le hizo a La Riviera. ¿Será que favores de ese calibre y tamaño se pueden dar ingenuamente en forma gratuita? Yo prefiero pecar de malpensado que caer de baboso y cuando hay tanto dinero de por medio, cuando el favor que se hace es tan grande y todo se maneja con sigilo y discreción para que la gente ni se huela lo que están tramando los funcionarios, no me resigno a aceptar las peregrinas explicaciones de los funcionarios. Si Pérez Molina realmente cree que sus subalternos actuaron de buena fe, es mucho menos vivo de lo que siempre pensé. Yo sigo creyendo, no obstante, que no tiene un pelo de tonto.