Luego de los elogios públicamente expresados por el ingeniero ílvaro Colom para su antecesor, el licenciado í“scar Berger, respecto a la forma y la calidad de la transición, empiezan a aparecer los primeros problemas que evidencian serios problemas que tendrá que enfrentar la nueva administración y que no habían sido visualizados de conformidad con las informaciones recibidas. Especialmente ha preocupado al Gobierno el caso del Ministerio de Comunicaciones, en el que aparece una deuda flotante de más de dos mil millones de quetzales que dejaría sin capacidad de ejecución al nuevo gobierno.
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El anterior ministro dice que no se habían tomado en cuenta los compromisos de diciembre y enero, pero un incremento de más de mil millones en apenas cuarenta y cinco días, conociendo la escasa capacidad de ejecución del Estado, resulta poco creíble. Y su explicación de que pueda ser deuda que se dejó de pagar porque era del gobierno del FRG es torpe, porque eso sería como que ahora la UNE dijera que como lo que se adeuda es de la Gana no lo van a pagar. Si existen anomalías, las mismas tienen que esclarecerse, pero simplemente decir que se arrastra una deuda porque viene del gobierno anterior, acusado de corrupto, es inmoral porque no se ha hecho nada para deducir responsabilidades por esos casos.
Aparte es el clavo que denunció el mismo Presidente de la República ayer, luego de haberse encontrado con que la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia tenía a su disposición 273 vehículos, mientras los hospitales nacionales no disponen de ambulancias para atender a miles de personas. Obviamente poco a poco irán apareciendo problemas y eso ocurre con todo cambio de administración, pero históricamente nos quedamos simplemente con la denuncia pública y no se hace nada para esclarecer las situaciones. Lo que ayer denunció el diputado Mario Taracena sobre la existencia de plazas fantasma en el Congreso tiene que ser investigado a fondo, pero no sólo para que sea objeto de chambre, sino para actuar en contra de quienes se hayan beneficiado con ese inmoral procedimiento.
Obviamente sería fatal para el país caer en una cacería de brujas en la que a puro tubo se quiera encontrar algo en contra de funcionarios del anterior gobierno y que, en caso de no existir casos concretos, se les fabriquen con tal de poderlos perseguir penalmente. Pero igualmente sería fatal que se volviera a recurrir a la vieja chamarra que ha servido históricamente para que todos se tapen con ella y de esa forma evadan la responsabilidad por actos administrativos que constituyan delito. Ni una cosa ni otra debiera tener cabida en el comportamiento nacional, sobre todo porque ahora estamos convencidos, como nunca, de que el tema de la impunidad es grave y que a la larga es la raíz de la mayoría de los males que sufrimos como país.
Pero obviamente las autoridades salientes tendrían que ser más cuidadosas con sus declaraciones porque las que dio el saliente ministro de Comunicaciones resultan patéticas y lejos de disipar las dudas, lo que hacen es aumentarlas, sobre todo sabiendo que ese despacho tiene lustros de ser administrado con criterios cuestionables, para decir lo menos. Criterios que se han pasado como estafeta porque, indudablemente, resultan muy útiles para obtener el resultado que se han impuesto prácticamente todos los que han desempeñado esa cartera, donde se aplica exactamente lo que dijo aquel funcionario internacional que nos recordó que «no hay obra sin sobra».