Nada peor para un funcionario que la prepotencia y arrogancia, puesto que bajo esas influencias se hacen las cosas mal suponiendo que basta y sobra con que se emberrinche la autoridad para que todos tengan que someterse a sus caprichos. Eso le ha sucedido a la Ministra de Educación que anoche vio cómo su arbitraria actitud para imponer una reforma a la carrera del magisterio se estrelló contra una resolución legal porque la Corte Suprema de Justicia emitió un amparo provisional en vista de que los colegios están en pleno período de inscripciones y no pueden hacerlo para magisterio porque no existe norma, reglamento o disposición legalmente emitida que contenga las disposiciones de la Ministra.

Lo que hay disponible, según la queja de los dueños de colegios privados, es una comunicación colgada en un sitio de internet pero según el ordenamiento legal de Guatemala, eso no tiene validez y por lo tanto no puede ser la norma que regule la carrera del magisterio. En Guatemala, para información de la Ministra, hay un procedimiento formal que se tiene que cumplir y es el de la publicación de leyes y reglamentos en el Diario Oficial antes de que cobren vigencia. Una disposición comunicada vía la página de internet de una dependencia no tiene fuerza legal suficiente y eso fue lo que estimó la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia.
 
 Nosotros insistimos en que el proceso de profesionalización del magisterio no tiene por qué reñir con los términos actuales. Se puede mejorar el pénsum, obviamente, pero eliminar la formación de maestros en las escuelas normales es una necedad que no es congruente con las realidades del país. Creemos en la capacitación, profesionalización y estímulo de la formación universitaria de los maestros, pero eso tiene que ser un complemento y no la sustitución absoluta de lo que ahora tenemos.
 
 En un país como Guatemala hay que entender lo que para muchas familias significa tener a un hijo o hija maestros, lo que para muchos es la culminación del sueño de superación para el núcleo familiar. Privarles de la posibilidad de que sus hijos se gradúen de maestros, especialmente en las normales que funcionan en el área rural, es una insensatez propia de nuestra dirigencia que no entiende la realidad del país, la vida de quienes no son capitalinos ni viven en la burbuja en la que se mueve la clase dirigente nacional.
 
 En este caso, además de los errores de fondo, lo que le ha reventado en la cara a la titular de Educación es la ineptitud administrativa. Hicieron mal las cosas, con una disposición que no cumple con elementales requisitos y un amparo les frena todo.

Minutero:
Ya se vio que mano dura 
la vida a nadie asegura; 
¿qué nos queda por probar 
en este duro caminar?