Como corolario de las últimas columnas que publicara bajo el título “Regalías voluntarias pagará la minera…ja, ja, ja”, recibí de un distinguido y connotado colega el artículo que Gilberto López y Rivas publicara en México, en el diario La Jornada y que utilizo como título de la presente opinión.

El artículo se refiere a cómo la empresa canadiense Fortuna Silver Inc, a través de su filial o subsidiaria Minera Cuscatlán, realiza la explotación y extracción de plata en El Progreso, Oaxaca, con un costo de producción la onza a US$7.40 y la vende a US$32.20, obteniendo una ganancia de US$24.8 por onza del metal que produce. Gracias a la producción de 5 millones de onzas de plata  percibe un lucro de US$124 millones de utilidades por año.

Se señala que la gran minería, como es el caso, “no hace gestión integral de sus residuos peligrosos: simplemente los acumula. El secreto de la rentabilidad es ese, deja los residuos peligrosos sin tratamiento… estos residuos peligrosos pueden filtrar el subsuelo y desbordarlos en los ríos y arroyos”. ¿Acaso no es eso lo que también se está gestando en Guatemala?

En el artículo mencionado se asegura que en México la explotación minera está en manos de empresas canadienses en un 73%. ¿No es algo que también es evidente en Guatemala por cuanto han sido empresas canadienses las que se han beneficiado de las concesiones originales de explotación en oro, plata, níquel y que al igual que se señala por el periodista López Rivas, estas empresas han descubierto el modus operandi de esconderse a través de sociedades locales, controladas, dirigidas y propiedad de empresas matrices canadienses?

Así es como en México estas empresas canadienses están operando en Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas y otros estados donde según lo señala el periodista “los vende patrias” se han prestado para esta grave situación.

Pero no es sólo México el que está en estas circunstancias. Recientemente un importante grupo étnico en Panamá ha bloqueado el tránsito por la carretera Panamericana y más aún ha logrado que el gobierno central de Panamá se comprometa a no autorizar concesión de explotación en el territorio donde radica esta etnia, hecho similar al que recientemente el alcalde del municipio de Tacaná, San Marcos, planteara ante los diputados al Congreso de la República y que lamentablemente el viceministro de Energía y Minas respondió que respetaba la opinión de la comunidad y del alcalde pero que la potestad de conceder las explotaciones mineras era del gobierno central, específicamente del Ministerio de Energía y Minas, lo que implica y justifica que con urgencia la Ley de Concesiones que está en el Congreso debe de emitirse y dentro de la misma evitar que por diez monedas de plata se siga permitiendo el otorgamiento de concesiones para la explotación de nuestro subsuelo sin que exista una responsabilidad total por parte de la empresa a la que se le dé la concesión y a través de la misma, de forma total e ilimitada, a la empresa o casa matriz propiedad de la empresa guatemalteca que se utiliza como fachada o cascarón.

Una cosa es haber pecado de ignorante en el pasado, por falta de cuidado y suficiente información, y otra cosa es continuar pretendiendo que no se revisen las concesiones, que no se cambien las reglas de regalías y las responsabilidades y obligaciones en el tratamiento de los desechos tan venenosos que puede producir la minería en nuestro país.