La «fiesta cívica» del 9/9 dejó no sólo satisfacciones entre la politiquería partidista, sino también saldos de frustración y descontento popular.
Y es que hubo motivos para que las consecuencias del evento comicial estén dejando en mal predicamento al sistema democrático.
Expliquémonos un poco. El grueso del pueblo, político y no político, repudia las artimañas que se dan en las campañas electorales con propósitos convencienros de los líderes de la desprestigiada politiquería sectaria.
La ley Electoral y de Partidos Políticos, vigente, deja puertas abiertas para que diputados, alcaldes y concejales sean reelegidos, lo cual propicia actos nada democráticos que, por ser inadmisibles y censurables, pueden provocar situaciones de rechazo con rachas de violencia como se ha visto tan pronto como oficialmente se dan a conocer los resultados de las votaciones.
Los inconformes con dichos resultados se dan a la tarea de vaciar urnas para destruir, incluso con fuego, las papeletas con las que se emiten los sufragios y, además, incendian vehículos, edificios municipales, casas de reelegidos contra quienes se hacen, casi por lo general, señalamientos sobre incapacidad para realizar obra positiva, sobre peculado, abusos, nepotismo, prepotencia y corrupción, entre otros.
Los diputados al Congreso son menos agredidos que los alcaldes y concejales que se las han arreglado «a lo bandido» para seguir mangoneando a lo largo de un segundo o más períodos contra la voluntad de la masa popular.
Los burócratas que pretenden seguir en sus trece recurren a todo lo que posibilita la reelección. Ellos saquean las arcas nacionales y municipales, reparten playeras y gorras, vomitan demagogia barata, se pasan como saltamontes de un partido a otro cuantas veces les conviene y cambian de color como los camaleones y, para no perder el «costumbro», acarrean «ganado humano» de sus propios dominios y de otras jurisdicciones municipales con cédulas de vecindad falsificadas por las mafias que se forman entre los funcionarios edilicios de mando.
Ya es hora, jineteando en pelo en la «democracia» (¡?!), de poner fin al reeleccionismo de los diputados y de las autoridades municipales mediante la reforma de la ley electoral y de partidos políticos y, asimismo, para reducir el «supermegaabultado» número de legisladores, de los que, por cierto, los «doctos» son contados con los dedos de las manos; en cambio, los «indoctos» o legos constituyen la gran mayoría?
Será difícil, aunque no imposible, que sea reformada la ley de marras que salió de los hornos de la Legislatura, hace ya varios años, por obra y magia de un partido que ahora vemos bien partido, a punto de irse a la lona, el cual hizo funcionar a su mejor conveniencia una aplanadora para destruir principios y valores realmente democráticos en esta nuestra Guatemala de la Asunción y de las ascensiones -a como dé lugar- de la gente que trajina en la politiquería. .
La reelección de los burócratas de referencia se presta de mil maneras a lo que es indecoroso o difamatorio de la cacareada democracia chapina y, a la vez, a que sigan prendidos parasitariamente a las fluentes tetas del presupuesto nacional y, también, a los (presupuestos) de las comunas los zánganos de la colmena con avilantez y, por añadidura, en muchos casos con los pecados de la corrupción.
¡No más reeleccionismo de diputados ni de alcaldes y concejales! ¡Al diablo con esa práctica antidemocrática! íšnicamente se justificaría la reelección (sólo para un segundo período) de quienes se hayan caracterizado por buenas realizaciones y por la honestidad, así considerados en dictámenes que pueda emitir una comisión específica que debe ser nombrada e integrada por ciudadanos notables; es decir, de reconocida honorabilidad. Qué se entiende: ¡»NOTABLES»!!!