Cualquier importador de mercadería sabe que cuando se habla de precios de un producto pueden ser FOB (Precio de fábrica a bordo en la nave de embarque); C&F (Precio que incluye costo y flete) y CIF (costo, seguro y flete) agregándole el lugar en donde se entrega. De esa cuenta, cuando el Ministro de Gobernación habló de precios de armas, que según él las compró muy favorables, pero sin indicar a qué tipo de precio se refería, los informados quedamos sin poder atar cabos. De ahí que cuando la diputada Nineth Montenegro le enmendó la plana eso debió haberle servido para ampliar su información y así enterarnos de si comparaba manzanas con manzanas y no con peras.

El ministro López Bonilla podrá decir que una pistola le costó 3 mil quetzales y que en la calle esa misma arma puede tener un precio de 10 mil, pero eso es comparar manzanas con peras, ya que este último precio significa que tiene incluido el precio de fábrica, el seguro, el flete y demás costos como gastos que, sumados a su margen de ganancia, da el precio final de venta. Ahora bien, señor Ministro, ¿qué incluye el precio que usted convino con los fabricantes, el FOB, más el valor del flete, el del seguro de su transportación y los gastos de manejo hasta que sea recibida en el almacén de la policía? De ahí es que insista en decir que los funcionarios públicos obligadamente deben hablar el mismo idioma que usamos en la calle pues de lo contrario es muy difícil, si no imposible poder entenderse.

    Pero de todo lo anterior lo importante es que los funcionarios entiendan que las operaciones o negocios que manejan son y deben ser por ley ¡TRANSPARENTES! No deben dejar lugar a dudas, como que todo el mundo, en especial los contribuyentes, debemos tener libre acceso a la documentación para así poder corroborar los datos que nos proporcionen. Para las adquisiciones del Estado no es cuestión de estar dispuestos a “sentarse con técnicos que sepan de lo que están hablando”, porque eso da a entender entre  líneas que el ciudadano común y corriente de la calle no tenemos  capacidad, mucho menos la inteligencia de un ministro para entenderlo.

    Por ello es necesario insistir en que el dinero que manejan los funcionarios y empleados públicos no es de ellos, sino son fondos aportados por los contribuyentes, en calidad de impuestos al fruto de su dedicación, esfuerzo, trabajo y mucho sacrificio. Por lo que si oportunamente se razonó y se legisló sobre la imperiosa necesidad de licitar públicamente la compra de bienes y servicios ¿a qué se debe el cambio de hacerlo por la vía de la EXCEPCIÓN, cuando está sobradamente visto y demostrado que no es transparente y peor todavía, cuando la Contraloría actúa hasta que todo el proceso está consumado?