No obstante sus imperfecciones y la serie de dificultades que se han presentado al tratar de aplicarla a la realidad de los hechos, la Ley de Comisiones de Postulación es un primer paso, y muy importante, para alcanzar el gran objetivo nacional que significa lograr que en nuestro país se aplique la justicia en forma pronta y cumplida.
Del Director a AOCG
Este es el consenso de los profesionales que el pasado 27 de agosto participaron en un conversatorio organizado por la Asociación de Orientación Cívica Guatemalteca, AOCG, que tuvo como escenario el auditorio del edificio que ocupan las oficinas de la Fundación Konrad Adenauer y el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, INCEP, en el cual también se dieron cita el Directorio y miembros de la Asociación.
De acuerdo con los comentarios de la abogada Mairena Ríos y los profesionales del derecho, las ciencias económicas y relaciones internacionales Carlos René Vega, René De León Escribano y Francisco Javier Estrada, queda mucho por hacer en lo que a la aplicación de la referida Ley se refiere, la cual debe conceptualizarse en un marco de referencia amplio que incluye el correcto comportamiento de los órganos encargados de administrar justicia como el Organismo Judicial, instituciones de consulta de la naturaleza de la Corte de Constitucionalidad y lo aparentemente más complejo, la conducta ética y moral de quienes resulten protagonistas efectivos de las Comisiones de Postulación.
Que el acompañamiento y observación de la Sociedad Civil ha venido a ejercer una presión muy fuerte, algo que pareciera complicar las tareas de las Comisiones, y que la culminación del proceso al ser designados por el Congreso de la República los futuros Magistrados de las Cortes es solo un capítulo del proceso, fue algo que quedó planteado durante el conversatorio.
A interrogantes planteadas durante el evento sólo el tiempo permitirá dar respuesta. Entre ellas ¿qué pasará cuando los nuevos funcionarios de las Cortes, que esperamos sean los idóneos, se enfrenten a las perversas condiciones que se han establecido a lo largo de tantos años de permisividad, corrupción y tantas malignidades que inciden hoy en forma negativa en el sistema de administración de Justicia?
Al parecer, según el análisis llevado a cabo, hay motivos para ser optimistas. El proceso que nos conduce ahora hacia la propuesta de quienes sucedan en las Cortes a los actuales Magistrados es público y abierto a la ciudadanía. Incluso la respuesta perversa y violenta que se ha puesto de manifiesto por el poder siniestro que se mueve en la obscuridad podría interpretarse con un signo alentador de que se están conmoviendo las estructuras del mal porque el proceso de cambio hacia el bien se ha iniciado.
Los ciudadanos con su participación, tienen ahora mucho que decir al respecto.