El 14 de junio último la CICIG presentó públicamente una serie de escuchas telefónicas que pusieron en evidencia a una red delictiva vinculada tanto al caso abierto por el asesinato de Rodrigo Rosenberg, como la elección de facto del destituido Fiscal General, Conrado Arnulfo Reyes Sagastume, pero además desvelaron un sistema de claves, de uso común pero poco conocidas, que son utilizadas para comprender comunicaciones cifradas.
gortiz@lahora.com.gt
Las escuchas telefónicas judiciales del caso Rosenberg iniciaron el 2 de mayo de 2009, tan sólo ocho días antes de que el jurista fuera asesinado en la zona 14, mientras descansaba en un jardín, tras dar una vuelta en bicicleta.
Días más tarde, una crisis política conmocionaría al país, debido al video que el abogado grabó con señalamientos al gobierno de ílvaro Colom y sus allegados en el Gobierno y empresarios.
Para esclarecer el caso, la recién creada Unidad de Escuchas Telefónicas del Ministerio Público (MP) desempeñó un papel «clave» en las investigaciones que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) coordinó en el caso Rosenberg, concluyendo que el jurista había planificado minuciosamente su propio asesinato.
Esto, porque las intervenciones telefónicas fundamentaron la existencia de una campaña de desprestigio en contra de la CICIG y una estrategia paralela de litigio en favor de los hermanos Francisco y Estuardo Valdés Paiz, supuestos autores intelectuales del asesinato de Rosenberg.
Pero una de las características de las escuchas, encontradas en los análisis telefónicos efectuados por la CICIG y el MP a los aparatos celulares de los involucrados en ese grupo delictivo, fue que estos se comunicaban a través de una clave particular, con la que intentaban evitar ser descubiertos.
CONVERSACIONES
En las conversaciones telefónicas de los sindicados existen adjetivos que los involucrados en este caso utilizaban para referirse a personas o situaciones.
Por ejemplo, hay una conversación entre Diego Moreno Botrán, cuñado de los hermanos Valdés Paiz y Rodolfo Ibarra, comunicador y empleado de los prófugos de la justicia; en la que Ibarra dice: «Ya O.K., deciles que ya me advertiste, que voy a estar atento pero que voy a hablar con… «faldita y corbata para que, para que me den su línea va vos». «Va, perfecto», responde Moreno Botrán. «Sí porque con eso sí que estoy como que propenso a (…) tan clarito qué chulada, decirle al Gordo por invitarme a la fiesta», añade Ibarra.
Sin embargo, quienes sostenían esas conversaciones sabían que, de algún modo que la CICIG realizaba las escuchas telefónicas, pues hay otra grabación en la que Ibarra lo afirma a Botrán: «Fijate que sí me entra la llamada contigo pero inmediatamente después se corta como no me escuchas o seguramente ahorita los (…) de la CICIG seguramente están escuchando nuestra conversación».
A criterio de analistas consultados, la comunicación cuando dos personas se hablan a través de claves asume que las llamadas telefónicas están siendo interceptadas tanto por las vías legales que actualmente están vigentes como por instancias paralelas.
ESTRATEGIA
Mario Mérida, militar y ex viceministro de Gobernación, opina que cuando en una comunicación se están usando «claves» significa que los interlocutores asumen que están siendo escuchadas las llamadas telefónicas.
Respecto a las conversaciones de los sindicados en el proceso paralelo al caso Rosenberg, Mérida considera que dentro del plan que diseñaron establecieron normas para comunicarse entre sí, lo que denota que hubo una preparación previa y una elaboración de objetivos, aunque también que temían que sus celulares fueran interceptados, opina.
El analista señala además que el análisis de la interpretación de esas claves, es un tema muy complejo ya que no se trata únicamente de interpretar superficialmente las palabras sino de vincularlas a otras conversaciones o documentos.
«En este caso la fiscalía tiene que poner a disposición del juzgado contralor todas las escuchas y después demostrar por qué asumen de que cuando hablaban de una adjetivo, como ´corbatía`, se referían a una u otra persona o situación», señala.
«Esto podría ser útil para reorientar la búsqueda de información o ampliar las escuchas hacia otras personas involucradas, pero requiere de mucha objetividad y atención para cuando los autores permiten que se conozca a quién o qué se refiere en cada una de las palabra claves», señaló.
El entrevistado añade que las claves buscan una forma de evitar que se conozca cuál es el tema, por lo que recomienda que quienes hablen por teléfono no utilicen claves o adjetivos «que den lugar a pensar que no se está tratando un tema lícito».
Finalmente el analista señaló que en la actualidad existen formas no legales de intercepción de llamadas debido al alto desarrollo tecnológico y que en el país, debido a la cercanía de los Estados Unidos ese tipo de posibilidades están al alcance de muchos: «si hay bloqueadores de señales de celular, puede ser que en el mercado haya formas de acceder a llamadas telefónicas. Si hay tecnología para buscar datos en el número de alguien, significa que no sólo es el gobierno el que puede hacer eso», comenta.
ANíLISIS
Uno de los integrantes de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, quien solicitó no ser citado, explica que las intercepciones telefónicas que son solicitadas a los jueces de turno del Organismo Judicial son «exhaustivamente analizadas» y que este es uno de los procesos más delicados.
El Fiscal refiere que no puede otorgar detalles concretos del análisis que realiza la Fiscalía debido a que las personas que utilizan este tipo de claves para comunicarse «podrían aprender a evadirlos», indica.
Según el investigador, cada una de las conversaciones que se sostienen los portadores de los aparatos cuya escucha ha sido autorizada por un juez, es analizada en su totalidad, lo que en muchos casos toma semanas enteras, debido a las extensas y complejas conversaciones.
Sobre la identificación de las claves utilizadas por quienes planean un acto ilícito, el investigador prefirió no dar detalles y se limitó a reiterar que las escuchas y las conexiones entre conversaciones son las que van constituyéndose en pruebas que deberán ser valoradas posteriormente por los jueces contralores, indicó.
PODERES
Héctor Nuila, diputado por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), opinó en primer término que «las personas que se dedican a conspirar y a cometer ese tipo de actos ilícitos utilizan esas medidas para protegerse, pues es parte de sus rutinas de trabajo».
Nuila señala que el teléfono no es utilizado como un medio corriente de comunicación y considera que actualmente los involucrados en hechos delictivos descubiertos con el uso de las escuchas telefónicas «están vinculados con ex militares y miembros de la Policía Nacional Civil».
El diputado apunta que durante el conflicto armado interno en el país, los aparatos represivos utilizaron métodos de espionaje como una política de Estado y que estas evolucionaron hacia aparatos clandestinos, que en la actualidad trabajan en bandas del crimen organizado.
«Muchos de esos grupos de espionaje siguen funcionando en la clandestinidad desde esa época y es posible que sigan con la utilización de métodos, mismos que antes los utilizaban para reprimir y ahora los utilizan para delinquir», opina el congresista.
El diputado añade, finalmente, que la falta de cumplimiento a los Acuerdos de Paz en materia de seguridad, económica y política son los que han debilitado al Estado y han generado que haya infiltraciones por parte de grupos clandestinos.
«La institución de la Policía Nacional Civil estaría más fortalecida al igual que la inteligencia civil; no habría tanta proliferación de las fuerzas paralelas que hoy operan desde esa instancia y se dedican al crimen organizado y a procurar la impunidad», señala el militante de la izquierda guatemalteca.
Las escuchas telefónicas fueron autorizadas con las reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada, aprobada por el Congreso en julio de 2007; en la actualidad han sido una herramienta útil para casos de extorsiones, secuestros y tumbes de droga; sin embargo, en el caso Rosenberg fueron la clave que permitió a la CICIG fundamentar una hipótesis.
La Unidad de Escuchas Telefónicas, del MP, fundamentada en la citada ley, funciona con un equipo técnico que fue valorado en Q10 millones y que inicialmente fue operado por 16 personas altamente capacitadas, según lo manifestado por las autoridades investigativas de la época.
El equipo que formó parte del Ministerio Público para las investigaciones por el crimen de Rosenberg fue integrado por 45 técnicos y peritos capacitados en Canadá y Puerto Rico.
En la investigación por la muerte de Rosenberg, los técnicos interceptaron durante más de un mes más de 100 mil llamadas telefónicas a 14 teléfonos de los sospechosos de matar al jurista, lo que dio como resultado la detención, el 11 de septiembre último, de los primeros sindicados por ese caso.
Mientras los integrantes de la banda hablaban entre sí para cometer otros delitos, sus conversaciones eran escuchadas por los investigadores de la Fiscalía y de la CICIG, lo que también permitió la prevención de una serie de crímenes que estos habían planeado; entre ellos, el secuestro de un ciudadano coreano y el asesinato de un alcalde, además el robo de un banco y hasta tumbes de droga.
Aunque las escuchas han sido utilizadas para la resolución de casos de alto impacto, analistas coinciden en que existen aparatos ilegales que ejecutan espionaje e ilícitamente intervienen las llamadas telefónicas de altos funcionarios, activistas, periodistas y civiles.