El interesante reportaje de Prensa Libre, elaborado por la periodista Rosa Bolaños, y publicado el mes pasado, presenta información actualizada sobre las deficiencias del régimen de clases pasivas, a noviembre del presente año. De acuerdo con el análisis, la diferencia entre lo que aportan los trabajadores estatales y lo que aporta el Estado para tapar el hoyo es abismal; y asciende a cerca del 65 por ciento del total.

De  acuerdo con el balance de ingresos y egresos del fondo de clases pasivas, el estado de situación del mismo, a noviembre del presente año, reportaba un total de ingresos de Q887 millones, mientras que los compromisos eran de Q2,537 millones, incluyendo el aguinaldo, el bono navideño, las ayudas para funerales y otros compromisos.
En dicho régimen hay cotizando únicamente 87 mil trabajadores y cabe agregar otro asunto grave, y el mismo se refiere a  que en dicho balance no se están incluyendo las cuotas que por ese número de trabajadores se pagan al seguro social; en este sentido, cabe agregar que el déficit es abismal y tiende a ensancharse año con año.
Faltarí­a agregar al mismo el régimen especial que tienen los maestros pertenecientes al Ministerio de Educación, que son más de 155 mil y que tienen un régimen legal diferente, así­ como lo correspondiente al Ejército de Guatemala, dado que tales regí­menes también forman parte del Estado guatemalteco, al igual que los laborantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos.
Falta agregar también los regí­menes especiales y autónomos de las municipalidades del paí­s y de los diferentes organismos del Estado como es el caso del Organismo Judicial, adicionalmente gozan de pactos colectivos especí­ficos, que tienden a encarecer  los aportes estatales y a afectar los cálculos actuariales y de sostenibilidad de los mismos.
Lo que debe enfatizarse a este respecto es el hecho de que el sector público, como un universo especí­fico, bien merece tener por fin un tratamiento global, dado que cualquier pasivo contingente que salga a luz y forme parte de la futura contabilidad estatal, impacta sobre los contribuyentes.
Esta discusión nos recuerda la impostergable necesidad de proceder a un proceso profundo de modernización del Estado, que se sustenta en el principio que los entes públicos no son feudos propiedad de nadie, sino un conjunto integrado al servicio de la nación. Se trata entonces de organizaciones sujetas a un riguroso escrutinio y a esfuerzos de evaluación del desempeño.
Y ello nos trae también al delicado tema de los emplazamientos institucionales. Las noticias más recientes hablan de un emplazamiento en contra del Ministro de Gobernación, efectuado por el Sindicato de Trabajadores de esa cartera. El mismo cubre la planta central de la cartera, siendo por ello lógicas las primeras declaraciones del futuro ministro encargado del ramo, quien advierte que con medidas como la comentada será muy difí­cil proceder al cambio, y que resulta imposible que los intereses de un pequeño grupo priven sobre 14 millones de almas.
En fin, todo esto nos trae a la realidad en la que se encuentra el servicio civil guatemalteco: subordinado a intereses autónomos, subordinado a grupos que buscan el emplazamiento y que evaden la evaluación del desempeño, desfinanciado y atomizado en entes autónomos diversos, y sujeto a leoninos intereses grupales. Urge la modernización del Estado.