La resolución de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, rechazando tajantemente el llamado Plan Arias para resolver la crisis generada por el golpe de Estado, se produjo horas antes de que la misión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos arribara al país para impulsar la iniciativa del mandatario de Costa Rica que pretende reinstalar a Manuel Zelaya en la presidencia.
La tesis de la Corte Suprema hondureña es que existe ya un proceso legal iniciado contra el presidente Zelaya y si vuelve al país tendría que enfrentar las consecuencias de esa acción legal promovida en su contra por actos opuestos al orden constitucional, específicamente por promover la reelección que está expresamente prohibida en Honduras, al extremo de que la misma carta magna tipifica como punible cualquier acción realizada para impulsarla.
Eso plantea una situación insalvable desde el punto de vista de las acciones que promueve la Organización de Estados Americanos para normalizar la situación en Honduras, puesto que la máxima autoridad judicial está cerrando de manera categórica el paso a cualquier propuesta negociada que implique el restablecimiento de la presidencia de Zelaya, tal y como lo exige la comunidad internacional. Hasta el día de hoy, los esfuerzos de la OEA y la misma mediación de í“scar Arias se han mostrado inútiles frente a la actitud del gobierno de facto de Honduras que ha logrado resistir las presiones internas y externas y está ganando valioso tiempo, al punto de que el mandato del depuesto mandatario languidece en medio de idas y venidas por distintas capitales del mundo, sin que los apoyos que masivamente obtiene se traduzcan en algo positivo para su causa.
La estrategia del Gobierno parece muy clara y consiste en ganar tiempo para que se consume el período presidencial de Zelaya quien no logra articular un movimiento de resistencia interno suficiente para sacudir a Micheletti y su gente. Las protestas que los seguidores del depuesto presidente realizan en Honduras no parecen inmutar al gobierno calificado de espurio por la comunidad internacional.
Cada día parece más improbable que la presión internacional sea suficiente para restablecer en el poder a Zelaya, lo cual puede ser grave para las aspiraciones democráticas y especialmente para el peso de los organismos multinacionales en su capacidad para defender principios como los contenidos en la Carta democrática de la OEA.
Los argumentos escuchados por los cancilleres que viajaron a Tegucigalpa son la reiteración de lo que se viene diciendo por ambas partes desde que se produjo el golpe y nada indica que las posturas varíen o que exista más flexibilidad de alguno. Por el contrario, la Corte Suprema dio un golpe fatal al proceso de diálogo.