El Gobierno de Guatemala presenta hoy el Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz, el cual se constituye en el tercero de los grandes acuerdos que el presidente Otto Pérez Molina dijo que se necesitaba alcanzar para trabajar por un cambio para el país.
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El Pacto se presentó en el Patio de la Paz, del Palacio Nacional de la Cultura.
El acuerdo se presenta luego de una semana desgastante para el gobierno, el cual estuvo presionado por el lado del finiquito para el Ministro de Salud, quien previo a asumir como jefe de la cartera, no lo había acreditado, además de señalamientos de sobrevaloración de artículos para programas sociales cuya compra fue suspendida.
El Pacto, que se estuvo trabajando por meses, ve la luz hoy y se enfoca en que “la violencia en Guatemala es un problema estructural, no pasajero”, que, además, “tiene un carácter endémico”. Según el diccionario de la Real Académica Española, endémico es algo que tiene características que son propias y exclusivas de determinadas localidades o regiones.
Por esa razón, al tema, según la perspectiva que hoy presenta el gobierno, debe dársele un “tratamiento -que- corresponde a un esfuerzo profundo, integral y de largo plazo, en el cual debe participar y comprometerse la sociedad entera”.
En ese sentido, el director Ejecutivo del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Roberto Ardón, coincidió con esa perspectiva, al afirmar, previo al inicio de la actividad, que “este es un asunto que no le corresponde solamente al Ejecutivo o a las fuerzas de seguridad, sino que es un desafío que todos los ciudadanos tenemos”, y, además, agregó que, “la mejor manera de hacer una sociedad armónica y en paz, es a través de tener justicia”.
PACTO ES NECESIDAD
Según Rosa María de León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), el Pacto que hoy se presenta “es una necesidad”, que debe contemplar los acuerdos previos alcanzados por anteriores administraciones gubernamentales, entre estos, el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia (ANASJ), firmado por el Gobierno de Álvaro Colom, el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público en 2009.
Los actores que serían fundamentales para que el Pacto tenga operatividad, según De León Escribano, son los alcaldes, de quienes dijo desconocer al momento de dar su entrevista si serían participes del acuerdo.
De cómo logre el gobierno que las acciones que se implementen, según los planes que se determinen en el marco del Pacto, lleguen a las poblaciones del país más afectadas por la violencia, la analista dijo que, “aparte de que sea una cuestión mediática o general, -es-cómo esto se va reflejar en la parte operativa del Ministerio de Gobernación y otros actores”, y agregó que “por eso la importancia de las municipalidades” para incorporar la parte local.
El Pacto recoge las bases de los acuerdos previos que fueron alcanzados por gobiernos anteriores y contempla una serie de acciones que se enmarcan en la Constitución vigente, un acuerdo regional de 1995, el pacto de 2009 y el plan de gobierno 2012-2016.