El Ministerio Público implementará, a partir del próximo 2 de mayo, el sistema de escuchas telefónicas para la investigación y persecución penal en casos de narcoactividad, secuestro, extorsión, lavado de dinero, trata de personas, y otros delitos relacionados al crimen organizado.
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El fiscal general Amílcar Velásquez Zárate indicó que en el corto plazo también se implementarán los sistemas de entregas vigiladas y operaciones encubiertas, como parte de un plan para combatir el crimen organizado.
El funcionario declaró que la intercepción de llamadas telefónicas también se aplicará en la investigación de casos de la delincuencia común, debido a que «no podemos excluir ningún hecho delictivo».
La unidad de escuchas telefónicas funcionará oficialmente a partir del próximo 2 de mayo con un equipo técnico de ultima tecnología -valuado en Q10 millones- que será operado por 16 personas «altamente calificadas», explicó el jefe del Ministerio Público, quien además aseguró que el funcionamiento de dicha instancia se apegará a la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
SEGURIDAD
Velásquez Zárate indicó que la instalación de la unidad de escuchas telefónicas no se había implementado desde la formulación de la ley contra el crimen organizado, en el 2006, debido a complicaciones económicas y la ausencia de voluntad política.
El sistema próximo a funcionar será implementado por el Ministerio Público, que ha recibido el apoyo del Organismo Ejecutivo y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
Al respecto, el presidente ílvaro Colom indicó que la Dirección General de Inteligencia Civil y la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil reforzará la coordinación en el trabajo de investigación que efectúa en conjunto el Ministerio Público.
PROCESO
Las escuchas telefónicas se realizarán en teléfonos fijos o móviles, sin importar la empresa proveedora del servicio y su forma de pago, y se aplicará únicamente con la autorización de un juez.
Velásquez Zárate explicó que las fiscalías que actúen en los casos donde se considere necesaria la interceptación telefónica, deberán solicitarla al juez competente y este a su vez, deberá evaluar el caso para poder aprobar el proceso.
Las empresas proveedoras del servicio telefónico colaborarán con el soporte técnico a la unidad de escuchas telefónicas, que a su vez solo podrá rendir información a la Fiscalía.
Zárate indicó que el equipo de interceptaciones telefónicas es altamente confiable, aunque reconoció que «Ningún sistema es cien por ciento seguro».