La Defensoría de los Habitantes realizará campaña para informar a los costarricenses sobre la fecundación in vitro, una técnica prohibida en el país desde 2000 lo cual es origen de un debate cada vez más polarizado en la sociedad y que motivó la apertura de un expediente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«En el país se debe un debate nacional de calidad en el que todos contemos con las herramientas para opinar y para decidir», explicó el jueves la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum al dar a conocer la decisión de divulgar materiales educativos con datos técnicos, científicos, legales y éticos sobre la reproducción asistida.
Para Taitelbaum, las personas tienen derecho a decidir voluntariamente por el procedimiento de fecundación in vitro, como parte del mandato de promoción y educación en derechos humanos.
Las actividades iniciarán el mismo jueves con la visita a la sede de la Defensoría de varias expertas de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, entre ellas la Directora de la Unidad de Fertilidad de Venezuela, la doctora María Teresa Urbina y la portuguesa María Do Carmo, presidenta del Consejo de la Red.
Ambas expertas son parte de las invitadas para el simposio sobre «Fertilización in vitro», que iniciará el viernes organizado por la Asociación de Derecho Médico y se desarrollará en el Colegio de Médicos de Costa Rica.
«Nosotros no tenemos ninguna posición oficial sobre el tema pero creemos que se debe facilitar y ofrecer al país los datos necesarios para crear conocimiento sobre las mejores prácticas mundiales que existen y analizar porqué 195 países en el mundo la tienen (la fecundación in vitro) y Costa Rica no», comentó a la AP Carlos Valerio, dirigente de la Asociación.
La CIDH ha solicitado al país derogar la prohibición para lo cual le otorgó plazo al 31 de julio y al cumplirse, la Comisión podría presentar una demanda contra el país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Costa Rica.
El 14 de junio y en una cerrada votación, la mayoría de diputados decidió archivar el proyecto de ley que pretendía la reforma, algunos diputados lo hicieron por convicciones religiosas en un país donde la religión católica es la oficial del Estado y la iglesia se ha manifestado en contra de un cambio legal.
Valerio consideró positivo el plan de información que llevará adelante la Defensoría y explicó que aunque el plazo vencerá el 31 de julio, luego el país deberá tomar una decisión, en referencia a que ante un eventual fallo de la Corte que de la razón a los demandantes, igual habrá que llevar adelante un cambio legal.
La AP intentó localizar al vocero de la Conferencia Episcopal, el sacerdote Mauricio Granados, pero no estuvo disponible para comentar sobre el plan de la Defensoría.
A finales de junio la oficina estatal de propaganda ordenó a la radio católica Fides sacar del aire unas cuñas contra la fertilización in vitro debido a que en la misma participaban indebidamente menores de edad. La emisora acató la medida y luego divulgaron otra campaña, pero sin utilizar voces de menores.
En un comunicado de marzo, la Conferencia Episcopal había reiterado su rechazo a la técnica al manifestar que «aunque la fecundación in vitro es presentada a la opinión pública como la ‘última oportunidad’ para las mujeres que sufren esterilidad; quienes la promueven ocultan que dicha técnica consiente que seres humanos, en el estado más débil y más indefenso de su existencia, sean seleccionados, abandonados, asesinados o utilizados como material biológico».
A partir del lunes, funcionarios de la Defensoría repartirán información y responderán consultas en una céntrica plaza en el centro de San José. El mismo proceso se efectuará en seis oficinas que tiene la institución en el resto del país.
«Esta iniciativa no es para convencer a nadie. La Defensoría respeta las diferentes posiciones pero defiende que la reproducción asistida es un derecho que tiene la población y así lo expresó en su momento en el Congreso», comentó el vocero Ahmed Tabash.
La jornada informativa se realizará con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Las parejas que demandaron al Estado costarricense mantenían un acercamiento con el gobierno, pero esta semana ambas partes decidieron no brindar declaraciones a la prensa hasta venza el plazo dado por la Comisión para hacer las reformas legales requeridas.