Miembros del Comité en Defensa por la Vida y por la Paz lamentaron la detención de Guillermo Enrique Carrera Alvizurez, quien fue aprehendido el pasado fin de semana cuando salía de la iglesia en San Rafael Las Flores. Las autoridades vincularían a esta persona, con los hechos de violencia recientes, por la negativa de la operatividad de la mina San Rafael.
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Pobladores, miembros del Comité y del Parlamento Xinca, manifestaron su preocupación por la captura de Carrera Alvizurez quien según las denuncias fue trasladado hacia la capital para solventar su situación jurídica.
Según la información, esta persona es presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) del Caserío Las Cortinas, miembro activo del Comité en Defensa por la Vida y por la Paz, e integrante de la Resistencia Pacífica El Escobal.
Los denunciantes informaron que a Carrera Alvizurez se le ha vinculado con los hechos de violencia ocurridos recientemente en esa localidad, por la oposición de la población a la mina.
La Hora se comunicó con Rafael Maldonado, abogado del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS), quien representa al comunitario detenido, pero indicó que se encontraba en audiencia y solicitó que se le llamará por la tarde.
DETENCIONES VIGENTES
Las diligencias para detener a las personas que secuestraron a 23 elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) el pasado 29 de abril, y por otras causas relacionadas a la oposición de la mina siguen vigentes, según el Ministerio de Gobernación (Mingob).
Aunque el pasado jueves los pobladores de Santa María Xalapán entregaron una parte del armamento robado a los elementos policíacos, la situación fue calificada por el Titular de la Cartera del Interior, Mauricio López Bonilla, como un acto de “buena fe”, pero agregó que las detenciones siguen vigentes.
La mediación de la Diócesis de Jalapa logró que comunitarios y autoridades acordaran algunos aspectos, sin embargo, la tensión continúa.
Yuri Melini, director de CALAS, refirió recientemente que la intervención de la iglesia y de otras organizaciones comunitarias podría lograr acuerdos positivos entre autoridades y pobladores, pues los representantes religiosos son personas queridas dentro de la comunidad, contrario a lo que sucede con el Estado a través de la PNC y el Ejército.
El pasado 2 de mayo, el gobierno de Otto Pérez Molina decretó Estado de Sitio en cuatro municipios de Santa Rosa y Jalapa, argumentando la existencia de grupos del crimen organizado.