Organizaciones de Derechos Humanos lamentan que quede sin vigencia la Dirección de los Archivos de la Paz (DAP), según lo establece el Acuerdo 035-2012 de la Secretaría de la Paz (Sepaz), emitido por el jefe de esa dependencia, Antonio Arenales Forno, el 29 de mayo pasado.

La Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), querellantes adhesivos en el proceso en contra de tres militares retirados, lamentan el cierre de los Archivos de la Paz.

Juan Francisco Soto, director de CALDH, considera  la clausura como un retroceso, pues señala que los documentos que allí se encontraban son de suma importancia para la memoria histórica del país, además que con las investigaciones podrían encontrarse más evidencias para apoyar los procesos legales que se están tramitando en Guatemala, por delitos cometidos durante el Conflicto Armado Interno.

Además refirió que en el país  ha existido un avance importante en materia de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad, cometidos durante esa época. Sin embargo, Soto señaló que legalmente están siendo entorpecidos por una serie de procesos que tienen, a su criterio, el objetivo de retrasar la aplicación de justicia.

“Ha habido un avance por parte del Organismo Judicial (OJ) y el Ministerio Público (MP), pero esperamos se consolide el  proceso de esclarecimiento de las grandes violaciones durante el conflicto y  que la justicia para las víctimas pueda llegar” concluyó.

FALTA DE VOLUNTAD

Asimismo, el abogado Édgar Pérez, de Famdegua, indicó que el cierre de los Archivos revela una señal de falta de voluntad política por parte del Gobierno, para dar cumplimiento a lo establecido en los Acuerdos de Paz, en relación a la reivindicación de la memoria histórica.

De acuerdo con Pérez, la investigación y el análisis de la información de los archivos ha servido como medio de prueba en el proceso penal contra tres generales retirados, por la masacre de la comunidad Ixil, y que podría servir para la imputación de hechos en contra de otros militares.

La Fiscalía, Famdegua y CALDH, señalan a José Efraín Ríos Montt, José Mauricio Rodríguez Sánchez y Héctor Mario López Fuentes, de los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, por la ejecución de los planes contrainsurgentes Sofía, Victoria 82 y Firmeza 83, en contra de la población Maya Ixil. En estos procesos, Pérez indicó que pese a los obstáculos legales de la defensa, los casos han ido avanzando, gracias a las pruebas presentadas por el MP, en donde se encuentra información referida de los Archivos de la Paz.

En ese caso, señaló que “los tres generales ya tienen las acusaciones formales presentadas; recusaron a Carol Patricia Flores, jueza de Mayor Riesgo A; intentaron recusar a Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, la Sala Primera resolvió sin lugar la petición y estamos a la espera de que el expediente regrese para que el juez, ya señale la audiencia de apertura a juicio”.

PROCESOS

José Efraín Ríos Montt enfrenta dos procesos penales por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad. Fue ligado al primero,  por la masacre perpetrada en el Triángulo Ixil. Un segundo proceso, por los mismos delitos, por la masacre cometida en el parcelamiento Dos Erres, La Libertad, Petén. El proceso quedo paralizado por un amparo provisional otorgado la Sala Cuarta de Apelaciones.

José Mauricio Rodríguez Sánchez y Héctor Mario López Fuentes, acusados por los mismos delitos, se encuentran internados en el Centro Medico Militar. Al igual que Ríos Montt, no han sido enviados a juicio. La defensa técnica ha solicitado en repetidas ocasiones el cese de la persecución penal, argumentando que las condiciones de salud de sus defendidos no les permiten comprender el proceso en su contra.