En los últimos días, en las cárceles del país se ha encontrado todo tipo de «privilegios», estos van desde teatros en casa hasta computadoras. Las autoridades intentan retomar el control de las mismas, sin embargo, el problema se agudiza cada vez más.
lahora@lahora.com.gt
De acuerdo con Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, pese a que existe una legislación que regula el adecuado funcionamiento que deben tener las cárceles del país, ésta no se aplica; «la Ley está plasmada, pero el problema es que no se aplica lo que está allí», añadió la analista.
La semana pasada el Fiscal Contra el Crimen Organizado, Rony López, afirmó en la requisa efectuada en el Centro Preventivo para Varones de la zona 18, que dentro de ese penal se planificaban extorsiones y secuestros, además, expresó que contaban con información sobre los asesinatos en contra de pilotos; sin embargo, no precisó en qué aspectos.
REQUISAS
El pasado lunes se realizaron varias requisas en diferentes centros carcelarios, entre estos el de Quiché, Puerto Barrios, Zacapa, Chimaltenango y Pavoncito, en Fraijanes.
El hallazgo dentro de los penales fue de 74 televisores, 20 reproductores DVD, 25 celulares, 10 estufas eléctricas y 5 libras de marihuana, entre otros.
El director del Sistema Penitenciario (SP), Eddy Morales, manifestó que este tipo de problemas se suscita porque la legislación permite el ingreso de ciertos objetos; no obstante, es necesario enfatizar qué cosas no deberían ser permitidas
El domingo recién pasado el reo Leonel Giovanni Herrera Reyes, ex agente de la Policía Nacional Civil, sentenciado a 50 años de cárcel por doble homicidio, se fugó de la cárcel de Pavoncito.
Las autoridades requisaron el centro carcelario para verificar el lugar de donde pudo haberse evadido.
CAMBIOS
El Ministerio de Gobernación ha señalado la necesidad de mejorar ciertos aspectos del sistema carcelario, que van desde mejorar las condiciones de vida para los privados de libertad, así como el estricto control de los ilícitos que se dan dentro de los penales.
Por otro lado, según un experto internacional en tema de seguridad en investigación criminal, cuyo nombre prefirió omitir, la idea de la implementación de los módulos de máxima seguridad «parte de toda una estrategia de política criminal para la investigación, desarticulación, procesamiento y juzgamiento de personas vinculadas con la delincuencia organizada y estructuras ilegales», explicó.
Los pabellones serían implementados en el aislamiento y reclusión de capos o cabecillas de organizaciones criminales «con alto poder de corrupción o posibilidades de fuga», explicó el entrevistado, y añadió que el uso de esas prisiones impediría que los reos continúen delinquiendo desde los mismos sitios carcelarios.
El experto detalló que algunos estándares para la creación de esa propuesta serían que los reclusos puedan tener acceso al ejercicio de su defensa, la visita de su abogado, médico y ciertos familiares; además, refirió que los tribunales deberán tener autonomía en las salas de juzgamiento.
En el caso de Guatemala, la construcción de una prisión de máxima seguridad no duraría menos de 18 meses, por lo que la propuesta de CICIG es enfática en relación con la «adaptación de pabellones o anexos especiales» donde se mantengan aisladas a las personas y con restricciones como el uso de celulares, internet, y otros.
Los pabellones estarían monitoreados por cámaras de seguridad, tanto en el interior como en el exterior, y los reos estarían aislados uno de otro, lo cual impediría su agrupación para la coordinación de ilícitos. Actualmente el Sistema Penitenciario ubica hasta a cinco personas de una misma organización en una sola celda, según CICIG.