Por declaraciones del Presidente de la República, Comandante General del Ejército, ílvaro Colom y la confirmación posterior del Ministro de la Defensa, General Abraham Valenzuela, se sabe que el pasado mes de enero fue robado un lote de 45 fusiles de asalto M1 y M16, así como carabinas M1, adentro de las instalaciones del instituto militar Adolfo V. Hall, de Chiquimula, sin que se conozca su paradero y tampoco a los presuntos responsables. El robo ocurrido en un sitio que se supone aplica serias medidas de seguridad -por tratarse de un centro de instrucción militar-, no puede tener muchos sospechosos, es fácil suponer que con acceso limitado y controlado a sus instalaciones, no cualquiera puede circular, entrar y salir con un cargamento de fusiles, sin que nadie se percate de su presencia.
Quienes planificaron y ejecutaron el robo del armamento, hicieron un trabajo de inteligencia previo, son personas que conocen el lugar, el sitio preciso donde se guardan las armas, que contaron con los apoyos y los recursos humanos y materiales para ubicar el depósito de la armería, entrar, escoger y sustraer los fusiles luego trasladarlos hacia los medios o vehículos utilizados para el efecto y por último, sacarlos fuera del edificio militar. Ese procedimiento que ocupa largo tiempo, no pudo ser ejecutado por extraños y tampoco es trabajo de una, sino de varias personas.
Debido a que no es la primera vez que ocurren robos de armas de los depósitos militares, todo hace suponer que quienes cometen estos ilícitos, son miembros de la institución militar, militares activos que actúan siguiendo instrucciones de sus superiores o en contubernio con criminales y narcotraficantes. Lo que se sabe con seguridad, es que las armas «robadas» al Ejército guatemalteco fueron a parar a manos del crimen organizado.
Entre 2007 y 2008 fueron sustraídos varios fusiles y lanzagranadas de las Brigada Militar Mariscal Zavala, algunas de esas armas aparecieron después en Alta Verapaz, tras una balacera entre narcos. Otros fusiles fueron encontrados en Amatitlán después de un enfrentamiento entre delincuentes y policías en abril 2009. Además, medios internacionales de Prensa han señalado que armas robadas en Guatemala aparecieron después en México en poder de Los Zetas. Semejantes hechos no dejan lugar a dudas, hay una conexión directa, vasos comunicantes entre los militares, los narcos y el crimen organizado. Quien esté libre de pecado, que demuestre lo contrario.
En cualquier caso, los robos de armas en instalaciones militares guatemaltecas ocurridos hasta ahora, son hechos graves que comprometen la probidad del Ejército puesto que es difícil explicar que esto ocurra pese a los supuestos controles existentes, menoscaban el Estado de Derecho porque la institución militar es parte de la Nación, fomentan la impunidad al no deducir responsabilidades, atentan contra la democracia que está en construcción, permean la seguridad de la Nación y menoscaban la imagen del gobierno.
Estos robos no pueden pasar inadvertidos, deben ser exhaustivamente investigados hasta dar con los responsables, de lo contrario, se estaría reiterando que en el Ejército hay ladrones, que los militares, además de robar el dinero del pueblo, roban y trafican armas ofensivas para entregarlas a narcotraficantes y criminales.
EFEMí‰RIDES DE HOY: Se cometió la masacre en aldea Pulay, Nebaj, Quiché en 1982. Los responsables siguen impunes, las víctimas y sus familias quieren justicia.