El tema de la utilización de recursos públicos a favor del partido oficial se ha vuelto a actualizar luego de la postulación del doctor Alejandro Giammattei como candidato de la GANA a la presidencia de la República y especialmente por el hecho de que su nominación haya sido decidida en la Casa Presidencial (porque el Presidente querí­a participar en la decisión, dijo el secretario del partido) y porque una reunión del candidato con alcaldes del oficialismo fue realizada por la Asociación Nacional de Municipalidades. Posteriormente enmendaron el procedimiento, pero ello fue luego de que la prensa divulgó que la actividad habí­a sido realizada en un salón reservado por la ANAM.

Uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral dijo que ellos no podí­an actuar de oficio y que hací­a falta denuncia oficial de parte interesada. Creemos que esa apreciación de las autoridades electorales es errónea, puesto que parte de sus competencias fundamentales es asegurar el cumplimiento de cualquier norma en materia electoral y, sobre todo, si se trata de regulaciones que están contempladas en la misma Constitución de la República. Parte del fortalecimiento institucional que hace falta en el paí­s es que se haga cumplir la ley sin excepciones y el tema electoral tiene que ser uno de los que se manejen con mayor celo porque no es posible, desde ningún punto de vista, que se concreten manipulaciones que al final terminan no sólo minando la confianza en el TSE, sino que anulando la credibilidad en el sistema de elecciones.

Creemos que cualquier ciudadano tiene el derecho y la obligación de denunciar hechos anómalos y mal uso de los recursos del Estado a las autoridades competentes y ellas son el Tribunal Supremo Electoral, en primera instancia, y luego el mismo Ministerio Público si se comprueba la existencia de delito, lo cual debiera ser resultado de un informe del TSE. Hemos recibido en estos dí­as sendas cartas del doctor Francisco Arredondo, quien fuera precandidato de la GANA, y en ellas dice que él renunció a la participación con el oficialismo porque hubo uso de recursos del Estado y participación del mismo Presidente en el proceso, hechos que dice haber denunciado oportunamente en forma pública al realizar una conferencia de prensa. Obviamente al doctor Arredondo, por haber estado adentro del partido, le tienen que constar hechos que no llegan al conocimiento de la opinión pública y serí­a bueno que, en ejercicio de esa responsabilidad cí­vica, aportara al Tribunal Supremo Electoral esa serie de consideraciones que hizo con sus asesores para que pueda investigarse a fondo la situación.

Todos los partidos oficiales hacen uso de los recursos públicos, directa o indirectamente, pero eso no significa que el mal tenga que ser aceptado eternamente. Todo esfuerzo que hagamos por transparentar el ejercicio de la actividad polí­tica será bueno y consistente para afianzar la tan postergada efectiva transición a la democracia y al estado de derecho.