El último Gabinete Móvil del Gobierno se caracterizó por una intensa labor de proselitismo a favor del partido oficial, lo cual constituye un problema serio porque desvirtúa por completo el sentido de la gestión pública y privilegia la polí­tica electoral a la polí­tica nacional. El Gobierno tiene todaví­a un año por delante que debe aprovechar en función de Estado y ello no será posible si los principales funcionarios, con el Presidente a la cabeza, se dedican a hacer proselitismo en vez de ocuparse de los temas puntuales que reclaman la atención de las autoridades.

Luego vienen quejas sobre la forma en que cada nuevo gobierno deshace lo que hizo el anterior, pero cuando los gobiernos pierden la brújula y se dedican a promover al partido oficial, es natural que los que vengan manden a la punta de un cuerno todo lo hecho y traten de empezar a inventar el agua azucarada. En otras palabras, la politiquerí­a desde el gobierno es lo que justifica y da motivo a que en Guatemala no tengamos continuidad porque la gente, en primer lugar, desprecia ese aprovechamiento que se hace de la tribuna que ofrece la gestión de gobierno y por ello siempre los partidos en el poder han perdido las elecciones. La constante es que mientras más descarados los esfuerzos por hacer proselitismo, mayor el rechazo de la población.

Creemos que el mismo doctor Alejandro Giammattei, investido como candidato del oficialismo, tiene que poner coto a esa situación que al final le hará más daño que beneficio. Todos los gobiernos llegan al final de su perí­odo convencidos de tener un gran poder de convocatoria y que pueden influir a favor de sus candidatos; la verdad es diferente a esa percepción que se origina en la actitud cimarrona de buena parte de la población que sabe cómo sacar raja a las autoridades haciéndoles el juego cuando están haciendo campaña.

Nunca, ni en sus mejores momentos, el Tribunal Supremo Electoral ha podido contener el abuso del oficialismo al hacer uso de los recursos públicos para hacer campaña y por lo tanto ahora, cuando no sólo está de capa caí­da sino que además requiere del apoyo del Gobierno para conseguir los recursos que necesita para el montaje del proceso electoral, tenemos que atenernos a que la debilidad institucional del TSE será aprovechada por los funcionarios para hacer toda clase de llamados al electorado para que voten por el candidato oficial. Y si éste no pone freno al desmán, será señalado como violador de la ley aunque él mismo no la esté violando, pero es al final de cuentas el beneficiado por los abusos que se cometen y eso lo coloca en posición de tener que ser quien se haga cargo de llamar al orden a sus compañeros de aventura polí­tica. Al fin y al cabo, la factura se la pasarán a él.