Las estadísticas corroboran la percepción ciudadana en el sentido de que no logramos salir del laberinto de la violencia que provoca tremenda inseguridad y ansiedades a la población guatemalteca que ve la sucesión de hechos de sangre y de robos sin que aparezca la solución reiteradamente ofrecida por los actores políticos en su afán por asegurarse los votos de la ciudadanía. Por supuesto que no se puede esperar que de forma mágica cese la ola de criminalidad que desde hace años hemos venido afrontando, pero lo menos que se podría esperar son algunos avances significativos en términos de contener la impunidad que es el gran aliciente para la comisión de delitos.

Se siguen repitiendo los casos de criminales que son detenidos con las manos en la masa y que luego recobran su libertad por una deficiente investigación que no permite enviarlos a la cárcel a purgar pena por los delitos cometidos. Si los delitos contra la vida acumulan una alta tasa de impunidad, ya podemos imaginar lo que ocurre con otro tipo de ilícitos, especialmente con los constantes y permanentes robos a mano armada que se cometen en las calles y el asalto a residencias donde se roban cualquier objeto de valor.
 
 Entendemos perfectamente que hay una amplia gama de acciones que hacen falta para contener a los delincuentes, puesto que el crimen tiene complejas y variadas raíces, pero el problema es que no se atacan ni las causas remotas, ni las inmediatas, mucho menos se adoptan medidas preventivas o de sanción para cuando se consumó algún delito. Simple y sencillamente seguimos “a la mano de Dios”, porque no existe plan ni estrategia para devolverle a la población su sagrado derecho a la seguridad.
 
 Y los mensajes que se envían a los criminales son terribles, puesto que hay pruebas concretas de que en Guatemala hasta los privados de libertad pueden seguir cometiendo impunemente variedad de delitos con la complacencia y hasta complicidad de las autoridades que tendrían que trabajar por la población pero que se han vendido para recibir parte de las ganancias que produce la actividad criminal.
 
 Inaudito es un país en el que el Ministro encargado de la seguridad admite que “envió mensajes” a un criminal para decirle que lo podrían sorprender in fraganti y que, en consecuencia, dejara de delinquir. Inaudito es que, viviendo bajo el ojo de cientos de cámaras de seguridad, propias del Gran Hermano que todo lo ve y todo lo sabe, maten a una prominente abogada y no tengan pistas de lo que ocurrió.
 
 Si eso pasa en casos paradigmáticos, ¿qué esperanza tiene el ciudadano común y corriente?

Minutero:
Campea la delincuencia
mientras nuestros funcionarios
con enorme indiferencia
ven trabajar a sicarios