Contra lo que dijeron los funcionarios de Gobierno y los voceros de la Cámara de la Construcción en el sentido de que los daños que ha sufrido la infraestructura del país, mortales en muchos casos, son causa del invierno y nada que ver con la calidad de las construcciones, el Consejo Ecuménico hizo el sábado un llamado serio para que se investigue la responsabilidad de los contratistas en aquellas obras que colapsaron y que, según dictamen del Colegio de Ingenieros, son resultado de mamarrachos en la ejecución de proyectos financiados con los fondos públicos.
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Creo que vale la pena que la sociedad se sume al pedido del Consejo Ecuménico para demandar esa investigación de las obras que colapsaron y, más aún, sobre el régimen de contrataciones del Estado, puesto que vivimos en un sistema que está diseñado para facilitar la corrupción y por lo tanto los empresarios honestos están en desventaja porque no hay razón para que un ministro nombrado para ser el recolector de fondos de quien maneja todos los negocios del Gobierno asigne contratos a quienes no están dispuestos a dar mordida cuando hay cualquier cantidad de contratistas que no sólo están dispuestos sino que ya tienen contemplados en su estructura de costos lo que tienen que salpicar al funcionario que tiene la decisión.
Hoy estuvo conmigo el ingeniero José René González Campo, hijo de dos amigos muy queridos y quien está al frente de la gremial de contratistas de la Cámara de la Construcción. Vino preocupado por editoriales de La Hora de la semana pasada en los que se señalaba la evidente colusión entre gobierno y contratistas para defender el sistema y echar toda la culpa al copioso invierno, no obstante que abundan ejemplos de obras viejas que han soportado que les llueva sobre mojado sin caerse como mucha de la obra nueva.
Yo le decía a José René que en Guatemala todos sabemos que en el Gobierno funciona una estructura en la que siempre hay un allegado al Presidente que tiene el control de los contratos y negocios públicos y que los funcionarios tienen que llenar su cuota porque, desafortunadamente, era totalmente cierto aquello de que en Guatemala no hay obra sin sobra. José René me decía que él y la empresa para la que trabaja no se prestan al juego y que tal vez por eso les deben mucho dinero, pero sinceramente conociendo la forma en que se realizan los negocios en Guatemala, uno tiene que entender que siempre llevará toda la ventaja el pícaro porque el único estímulo para el funcionario a la hora de decidir a quién le asigna un trabajo es la comisión que le pueda dar. No hay patriotismo ni visión de país, puesto que los funcionarios son escogidos de acuerdo a la capacidad que tienen para cumplir con el objetivo que se traza esa figura central de los gobiernos que es, justamente, el agente de negocios.
No hace falta ser demasiado acucioso para saber cómo es que se deciden las cosas en esa materia y sería pecar de ingenuo suponer que en esa vorágine de corrupción exista de pronto un milagro, un hecho aislado en el que un funcionario de pronto tiene un momento de inspiración y decide dejar por un lado las jugosas ofertas que tiene bajo la mesa para tomar la patriótica decisión de asignar los trabajos a quien no está dispuesto a dar soborno y quiere romper un esquema totalmente generalizado.
Yo creo que así como hizo falta una CICIG para dar la cara contra la impunidad, haría falta algo similar para tratar de desmantelar la corrupción dada la enorme dimensión del problema.