Dentro del marco de la llamada Economía de Libre Mercado, que en realidad es de “libre abuso empresarialâ€, sobresale la voracidad de los bancos propiedad de unas cuantas familias aquí y en otros países del continente americano.
Durante las últimas semanas este fenómeno ha originado crecientes protestas en varias ciudades de los Estados Unidos. Los clientes de los más importantes bancos, literalmente se rebelaron en contra de las reprobables prácticas del cobro de comisiones.
A raíz de este movimiento de descontento social, algunos bancos se vieron forzados a dar marcha atrás en sus pretensiones de cobrar cinco dólares mensuales por el uso de las tarjetas de débito.
En Guatemala, los ejecutivos de algunos de los principales bancos también han inventado cobros por manejo de cuenta, por la utilización de la tarjeta de cajero automático y otros cargos encubiertos.
En la actualidad, un banco está descontando de las cuentas de sus clientes la suma de 20 quetzales mensuales en concepto de “débito mi apoyoâ€. Otro banco que tiene en vigencia un plan de Fondo de Pensiones dispuso, unilateralmente, el cobro administrativo de 10 quetzales mensuales a los fondos de retiro que durante seis meses consecutivos no hayan recibido aportes. Esa suma es debitada automáticamente del saldo de los ahorrantes.
En nuestro medio también hay instituciones que debitan una cuota de dinero a las cuentas de ahorro o de cheques cuando las mismas tienen un saldo bajo. Las tarjetas de crédito emitidas por estos mismos bancos voraces no solo aplican intereses leoninos, sino se las han ingeniado para deducir cargos por servicio. Todas estas son formas perversas para “apropiarse†de los recursos de sus clientes.
Desdichadamente, los banqueros de Guatemala operan con toda impunidad, aprovechando la inoperancia de la Superintendencia de Bancos que no cumple con el mandato constitucional de ejercer la adecuada vigilancia e inspección de los bancos e instituciones de crédito.
Históricamente esa institución se ha desprestigiado por su oficiosa actuación en defensa de los intereses de los banqueros particulares, a la vez que se ha hecho de la vista gorda al registrarse atropellos en contra de los cuentahabientes. La creación del delito de pánico financiero impulsada desde esas oficinas, es una palpable demostración de esa errónea política.
Por cierto, la ley que estableció ese delito es inconstitucional, pues contraviene lo estipulado en el artículo 35 de la Constitución Política de Guatemala, sobre que es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna.