La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe “Acceso a la Justicia de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en Mesoamérica”, donde se analizan las múltiples dimensiones del problema de la violencia sexual y su tratamiento por los sistemas de justicia en la región, con un especial énfasis en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
En el documento la CIDH constató que la violencia sexual en la región mesoamericana no es un fenómeno aislado, sino un problema multidimensional que afecta a todos los países y responde a un contexto social donde la violencia es tolerada.
Las encuestas elaboradas por esta entidad reflejan que sólo en Guatemala el 5.8 por ciento de mujeres entre 15 a 49 años de edad reportaron haber experimentado algún tipo de violencia sexual, abuso o sexo forzado, el problema se agrava en el caso de quienes son víctimas históricas de discriminación y de tratamiento inferior.
De acuerdo con el documento de la CIDH, los patrones de exclusión y discriminación que sufren algunos grupos que viven en situación de vulnerabilidad se traducen en una respuesta estatal deficiente frente a estos problemas, pues las intervenciones de las distintas instituciones protagonistas están marcadas por patrones socioculturales que relegan a las mujeres.
A decir de Marcela Suazo, directora regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la violencia sexual sigue siendo uno de los tipos de violencia más invisibilizadas y más impunes, por lo que los Estados deberán tomar medidas para enfrentar la discriminación contra las mujeres que perpetúa esta clase de agresión, incluyendo el cambio de los patrones socio-culturales de conducta y estereotipos que perpetúan la violencia.
Según la información, Suazo dijo que son graves los obstáculos que conducen al incumplimiento por parte de los Estados de su deber integral de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar actos de violencia contra la población femenina.
Para la representanta del UNFPA esta situación se traduce en inefectividad judicial, además de fomentar y eternizar la impunidad de la gran mayoría de casos de violencia sexual, de promover la tolerancia social de este fenómeno y crear desconfianza persistente de las víctimas en el sistema de la administración de la justicia.
Suazo destacó que el carácter abarcador y apremiante del problema de la violación sexual acarrea obligaciones de naturaleza integral y multidimensional para los Estados y exige una respuesta interinstitucional, integral y urgente, no sólo del sistema de justicia, sino también de otros sistemas involucrados, incluyendo la salud.
La Relatora de los Derechos de la Mujer, Tracy Robinson, indicó que existen todavía muchos obstáculos en la búsqueda de la justicia de las mujeres y las niñas que han sufrido violencia sexual.