La preocupación de los guatemaltecos por la violencia e inseguridad tiene un costo. Unos lo pagan en quetzales, otros en dólares y otros con su vida.
lahora@lahora.com.gt
La proliferación de la violencia, principalmente en las ciudades y zonas urbanas, ha obligado a cientos de guatemaltecos a tomar las medidas de precaución para evitar convertirse en las próximas víctimas de las pandillas juveniles o bandas de crimen organizado y narcotráfico.
En medio del caos generado por la criminalidad, las empresas de seguridad ofrecen servicios que van desde la instalación de alarmas hasta la protección con guardaespaldas y autos blindados, que varían en precios para hacerlos más accesibles a la población.
Los precios para la contratación de un guardia de seguridad oscilan entre los cinco mil y 10 mil quetzales mensuales, no obstante los precios pueden ser superiores, dependiendo de la capacidad y entrenamiento recibido por el guardia.
En contraste, el pago que reciben los agentes de seguridad en varias ocasiones no cumple con el sueldo mínimo, apunta Mario Mérida, especialista en seguridad, quien reconoce que el pago del salario es un factor determinante para el óptimo desempeño de los trabajadores.
Personal no calificado
Durante el fin de año se reporta un incremento en la demanda de este servicio, que se debe al movimiento económico por las fiestas decembrinas, por lo que las empresas se preparan para cubrir con las exigencias aumentando la contratación de agentes de seguridad entre 15 y 20 por ciento.
Sin embargo, no todas las entidades que prestan el servicio de seguridad se encuentran legalmente inscritas; un aproximado de 500 empresas incumplen con los requisitos que exige el Ministerio de Gobernación y dentro de las anomalías se detecta la contratación de personal no calificado y el incumplimiento de pagos y seguro social.
Datos del Ministerio de Gobernación apuntan que se tiene autorizado el funcionamiento de 128 empresas y 80 expedientes se están analizando, por lo se estima que 30 mil agentes trabajan en esas instituciones, «el resto es ilegal» indica Adela de Torrebiarte, ministra de Gobernación.
Mérida considera que los servicios de seguridad que ofrecen algunas empresas representan un riesgo para las personas que los contratan, esto porque el personal que presta el servicio no cuenta con la capacidad y conocimientos para cumplir con su obligación.
«En algunos lugares contratan a menores de edad y a mayores de 50 o 55, que no cuentan con la capacidad física ni el criterio para proteger la vida de las personas», indicó.
En la ley
Roxana Baldetti, integrante de la Comisión de Gobernación en el Congreso de la República, afirma que los intereses particulares de empresarios y diputados bloquearon el avance de la iniciativa de la Ley de Empresas Privadas de Seguridad, creada para fiscalizar su funcionamiento.
Baldetti considera que el bloqueo a su intención de aprobar la ley podría ya no tener efecto durante el próximo período de trabajo de los congresistas, porque sería impulsada en la próxima agenda con mayor apoyo.
En coincidencia, De Torrebiarte asegura que la regulación de las empresas privadas de seguridad y la Ley de Armas y Municiones deben ser temas prioritarios para el Congreso, para coadyuvar a reducir la violencia y criminalidad.
La ministra de Gobernación considera que la acción de las empresas privadas de seguridad es clave, no obstante es necesario fortalecer la PNC, recomienda la apertura de dos nuevas escuelas de capacitación para policías.
Finalmente, Mérida indica que la injusticia prevalece en el tema de seguridad, cuando la tranquilidad y seguridad de las personas depende de su capacidad de pago y el Estado no cumple con su responsabilidad.