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«La falta de una reforma fiscal profunda que dé financiamiento al Estado y le permita cumplir con sus obligaciones constitucionales, además de la mentalidad represiva y autoritaria de los poderosos», son la base de la impunidad, asegura. Para el experto, se requiere voluntad polí­tica, recursos económicos y cambio de mentalidad en la aplicación de las leyes de seguridad que han sido aprobadas. Finalmente afirma que la violencia es un mecanismo de terror que pretende inmovilizar la lucha social y polí­tica, mientras que pelear contra la impunidad es la lucha por la democracia plena.

C.E.G.: Si hiciéramos una radiografí­a de la situación de la inseguridad en el paí­s. ¿Cuáles serí­an los principales problemas detectados?

SANDINO ASTURIAS: Existe un desborde de violencia armada e impunidad generalizada, las instituciones del Estado encargadas de dar seguridad y justicia no están cumpliendo con las funciones para las que fueron creadas. No existe un sistema de investigación criminal que dé respuesta a las necesidades del paí­s. La institucionalidad civil encargada de seguridad no ha sido fortalecida, no hay carrera policial, ni profesionalización en la PNC, no se respetan las jerarquí­as y hay inestabilidad de los mandos en seguridad y corrupción a todos los niveles, además, no hay polí­ticas públicas en seguridad, ni siquiera una agenda de riesgos y amenazas, todo se improvisa y tiene la lógica represiva.

Esto ha generado más de 6 mil muertos anuales, 18 muertos diarios; más del 85% de estos asesinatos, son cometidos con armas de fuego. La impunidad de más del 98% nos coloca como uno de los paí­ses donde menos se respeta el derecho a la vida.

C.E.G.: ¿Cuáles son las causas que han originado esta problemática? Es decir, ¿por qué estamos como estamos?

S.A.: Por una parte el debilitamiento continuo del Estado que los gobiernos han desarrollado en el paí­s como parte de las polí­ticas neoliberales, la falta de una reforma fiscal profunda que dé financiamiento al Estado y le permita cumplir con sus obligaciones constitucionales, además de la mentalidad represiva y autoritaria de los poderosos, que se mantiene a lo largo de la historia.

Creer que la violencia es un mecanismo para resolver los conflictos, nos ha llevado a una historia de violación masiva a los derechos humanos y actualmente la misma mentalidad implementa la mano dura, la militarización, la represión, la proliferación de armas y municiones. Esta mentalidad ha permitido el sistemático asesinato de jóvenes con el pretexto de la seguridad, llevando a la espiral de violencia que hoy vivimos.

C.E.G.: ¿Quiénes son las ví­ctimas mayoritarias de los hechos delictivos, cuál es su perfil?

S.A.: De los 6 mil 292 homicidios de 2008, la gran mayorí­a son jóvenes en zonas marginales -estamos hablando del 60% – luego el 11% son mujeres y el 8% niños y niñas. En su mayorí­a están siendo asesinados los grupos vulnerabilizados por la sociedad; todos juntos suman el 80%. En estas zonas, además, está presente el fenómeno de la mal llamada limpieza social y las ejecuciones extrajudiciales como práctica en el paí­s, el 29% de los asesinados tienen antecedentes policiales. Existe otro tipo de ví­ctimas, que aunque menor en cantidad, causan gran conmoción: los testigos clave en casos de alto impacto.

C.E.G.: Hablemos ahora de los victimarios. De acuerdo con declaraciones de las autoridades, las muertes violentas en el paí­s estarí­an siendo generadas por el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Comparte usted esta visión?

S.A.: Definitivamente no, este fenómeno se ha sobre dimensionado para ocultar lo que realmente pasa en el paí­s, el narcotráfico es más evidente porque el Estado es más débil y se hace más visible su poder, pero el narcotráfico ha existido por más de 30 años en el paí­s y existirá mientras Estado Unidos siga consumiendo la cantidad de droga que consume.

Los victimarios en Guatemala tienen que ver con la capacidad de grupos de poder de ejercer violencia con impunidad, donde muchas veces agentes del Estado son parte de esa práctica. En el perí­odo del gobierno de í“scar Berger se cometieron más de 21 mil homicidios, casi 7 mil más que sus antecesores y esa tendencia violenta se mantiene con el actual gobierno, no se persigue a los grupos que realizan ejecuciones extrajudiciales o la mal llamada limpieza social.

C.E.G.: ¿Y qué rol juegan en todo esto los llamados cuerpos ilegales y aparatos clandestinos?

S.A.: Están estrechamente relacionados, hay que recordar que estos grupos se crean con diversos fines, se rearticularon los escuadrones de la muerte con el pretexto de combatir a las «maras», pero esas estructuras se emplean después para cualquier otro objetivo: callar testigos, venganzas personales, disputas económicas, disputas de negocios, ví­nculos con el crimen organizado y estar cerca del poder polí­tico, siempre con objetivos especí­ficos de intereses poderosos.

Hay que tener claro que los grupos paralelos no son un fin en sí­ mismo, siempre trabajan para alguien, siempre están vinculados a las diferentes estructuras del poder, que son utilizados y promueven el tráfico de influencias, la corrupción, los favores polí­ticos o empresariales, los negocios sucios y son ví­nculo o parte del crimen organizado, hay que recordar que muchos de estos grupos vienen de la guerra sucia.

C.E.G.: El año 2008 terminó con casi 700 mujeres asesinadas, tomando en cuenta la tendencia que se registra hasta ahora, el 2009 podrí­a arrojar peores indicadores. ¿Qué hay detrás de las muertes violentas de mujeres en Guatemala?

S.A.:Es una combinación perversa, el 90% de las mujeres mueren cerca de su casa y son asesinadas por personas conocidas, casi siempre su pareja o familiar, existe la violencia intrafamiliar que cada dí­a empeora, y cuando hay armas de fuego en las casas, se convierte en mortal. Es un fenómeno que se mantiene por falta de polí­ticas de desarme y de prevención. En este gobierno las cifras empeoran porque no hay polí­ticas para revertirlas: tenemos sólo 16 investigadores en la Fiscalí­a contra la Mujer y la impunidad es total: 4 sentencias en 2 años, frente a casi 1,400 mujeres asesinadas; esto es una vergí¼enza nacional.

C.E.G.: El PNUD presentó un informe sobre los costos de la violencia. El documento señala que anualmente se invierte por costos en atención médica, en daño emocional, en seguridad pública, en seguridad privada, en pérdidas materiales, entre otros rubros, más de 17 mil millones de quetzales. Ustedes desde el CEG han dicho que esto representa el negocio de la violencia. ¿A qué se refieren?

S.A.: Nos referimos a que tenemos un Estado debilitado, que las acciones de los gobiernos llevaron a la privatización indirecta de los servicios de seguridad y han facilitado la venta de armas y municiones, esto ha contribuido a tener los niveles de violencia mortal que hoy tenemos. El modelo de Estado débil ha generado un vací­o, que ha sido llenado por los negocios vinculados con la violencia; por ejemplo en 1997, último año de la guerra, se vendieron 21 millones de municiones, ahora se venden legalmente más de 50 millones de municiones al año.

Existen 150 mil agentes privados de seguridad, las empresas informan que a la PNC que hay 25 mil agentes privados y 24 mil armas registradas, entonces se calcula que la mitad de empresas son ilegales y 100 mil agentes funcionan sin control. La oficina de control de las empresas privadas de la PNC solo tiene 4 agentes: ésta es la proporción entre lo público y lo privado.

C.E.G.: La Cámara de Seguridad informó el año pasado que facturó 1,200 millones de quetzales en servicios privados de seguridad. Está claro que las cifras no tienen nada que ver con la inversión en seguridad pública. El número de agentes privados supera en siete veces a los agentes de la PNC. ¿Qué nos ha traí­do la privatización de la seguridad?

S.A.: La incapacidad del Estado de dar seguridad y justicia, incumpliendo con su mandato constitucional, un Estado Democrático debe tener el monopolio de la fuerza, del volumen de fuego, sin embargo, en Guatemala la realidad es otra, el monopolio de la fuerza lo tienen los ejércitos privados de algunos finqueros, esto le ha servido al crimen organizado como cobertura.

Hace falta tener polí­ticas para que toda la inversión en seguridad privada que asciende a más de 4 mil millones de quetzales anuales, pueda ser canalizada a un modelo de Estado fortalecido, con instituciones de seguridad fuertes, esto tiene un beneficio nacional.

C.E.G.: El Congreso de la República ha aprobado legislación referente a la seguridad. La última fue la Ley de Armas y Municiones, que tardó casi 11 años en ser aprobada. Pero también se legisló sobre femicidio y sistema penitenciario, por ejemplo. ¿Qué resultados hemos tenido con la aprobación de esta legislación y cuál es la que queda pendiente?

S.A.: La Agenda Legislativa de la Paz fue construida a partir de los Acuerdos de Paz y las Reformas a los Sectores de Seguridad y Justicia. Con grandes atrasos, finalmente se ha avanzado significativamente, hay un avance importante en el marco legal, sin embargo, esto no es suficiente, porque hace falta la implementación de las leyes aprobadas; para eso se requiere voluntad polí­tica, recursos económicos y cambio de mentalidad, en esa lucha estamos ahora.

La ley de armas se aprobó con 11 años de retraso, ahora toca consolidar estos cambios con un Plan Nacional de Desarme, esto es urgente para reducir los niveles de violencia en el paí­s y para esto se requiere de instituciones civiles fortalecidas que lo puedan hacer.

En cuanto a la Ley del Sistema Penitenciario es otro ejemplo de una excelente ley que aún no se implementa, ni siquiera se ha aprobado su reglamento a pesar que se aprobó hace tres años, no tiene los recursos suficientes, ni la voluntad polí­tica de implementarla, por eso se sigue cometiendo ilí­citos desde las cárceles.

La Ley contra el Femicidio es una herramienta más en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y contra la impunidad, pero esa ley por si misma no resolverá los problemas, es necesario acompañarla de polí­ticas públicas y recursos a favor de las mujeres; también hay que aprobar otras normativas que complementen a esta herramienta jurí­dica.

Es necesario y urgente aprobar una Ley de Servicios Privados de Seguridad que le permita al Estado tomar control de las empresas privadas, ya que estos servicios prestados correctamente, pueden ser complementarios a la seguridad pública.

C. E. G.: ¿Qué medidas es preciso implementar para lograr fortalecer la seguridad pública? ¿Están contenidas en el Acuerdo Nacional para la Seguridad recientemente firmado por los tres organismos del Estado?

S.A: El Acuerdo Nacional para el Avance en la Seguridad y Justicia contiene los elementos importantes para implementarse en el corto y mediano plazo y mejorar la seguridad pública en el paí­s, además, es el primer compromiso entre los tres poderes del Estado en materia de seguridad y justicia. El problema no es el Acuerdo, sino la debilidad demostrada para su implementación, la falta voluntad polí­tica de los diferentes actores y la necesidad de asignar los recursos económicos para desarrollarlo.

El Acuerdo Nacional permitirí­a darle una solución integral bajo la base de la seguridad democrática y serí­a la alternativa a la apertura de destacamentos militares, por ejemplo, pero si no se ejecuta con eficacia, no resolverá ninguno de los problemas de seguridad pública que tenemos.

C.E.G.: Para la investigación de estructuras criminales y clandestinas, y para fortalecer el sistema de justicia, se pidió apoyo a la comunidad internacional. La respuesta, entre otras, fue el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que contó con el aval de todos los paí­ses que integran las Naciones Unidas. Después del tiempo transcurrido, ¿cómo evalúa el papel de CICIG en el paí­s y cuáles son a su juicio las perspectivas de cara al futuro?

S.A.: La CICIG ha demostrado que si hay voluntad polí­tica y capacidad técnica, se puede esclarecer cualquier caso por complejo que sea; también ha demostrado que las estructuras clandestinas y de la impunidad están incrustadas en lo más intrincado de las instituciones del Estado -particularmente en el judicial- y que necesitará tiempo y grandes esfuerzos para removerlas, así­ como la elección de magistrados profesionales y probos.

El trabajo de la CICIG ha logrado unificar a la sociedad en el reclamo de justicia e impunidad, donde todos los sectores manifiestan apoyo -excepto los recalcitrantes-. Hace falta renovar el mandato de la CICIG y se debe pasar de la retórica -donde todos dicen que la apoyan- a los hechos, esto está en manos del gobierno y el Congreso.

Es urgente que se priorice la lucha contra la impunidad, tanto apoyando el trabajo de la CICIG, como creando un cuerpo especializado de investigación criminal que permita junto a la Inteligencia Civil enfrentar los retos de violencia e impunidad.

La violencia e impunidad, están relacionadas a la corrupción en las disputas privadas de los negocios públicos. Existe la intromisión de actores polí­ticos para sacar ventaja de las investigaciones penales. Hay que apoyar el trabajo de la CICIG desde la institucionalidad del Estado; también la sociedad debe respaldar la oportunidad que tenemos para desterrar a la impunidad como instrumento de poder y corrupción, ví­a la Comisión.

Recordemos que la violencia también es una mecanismo de terror, que como en el pasado, pretende inmovilizar la lucha social y polí­tica, el temor es una herramienta de dominación, la violencia e impunidad son la base ideológica de los estados autoritarios, por eso la lucha contra la impunidad es una lucha por la democracia plena y el futuro de una paí­s para las nuevas generaciones.

Frases a resaltar:

«Hace falta tener polí­ticas para que toda la inversión en seguridad privada -que asciende- pueda ser canalizada a un modelo de Estado fortalecido».

«La violencia e impunidad, están relacionadas a la corrupción en las disputas privadas de los negocios públicos».

El trabajo de la CICIG ha logrado unificar a la sociedad en el reclamo de justicia e impunidad, todos los sectores manifiestan apoyo -excepto los recalcitrantes.

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Sandino Asturias: «La impunidad de más del 98%, nos coloca como uno de los paí­ses donde menos se respeta el derecho a la vida».