En un mundo en el que la política y los medios de comunicación social están en su mayoría controlados por la derecha, no resulta extraño que la opinión pública sea manejada para minimizar sus actos de violencia. Esto se observa en el ataque de Jared Lee Loughner, el 8 de enero, contra Gabrielle Giffords, congresista demócrata de Arizona, con el resultado de que ella esté grave y que seis personas, incluida una niña de 9 años, hayan quedado muertos. Ahora se trata de presentar el caso como acto de un demente, tratando de restar la responsabilidad política de sectores de derecha. Se ignora que los dementes, los criminales y los asesinos a sueldo suelen ser utilizados para la ejecución de crímenes políticos. Baste recordar los asesinatos de John y Robert Kennedy y de Martin Luther King, Jr.
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Lo mismo ha ocurrido en Guatemala. Hoy, se rinde justo homenaje a Adolfo Mijangos López, asesinado hace 40 años cuando salía de su bufete en silla de ruedas por asesinos a sueldo (las estructuras del Estado de Seguridad Nacional). La misma suerte corrieron después Alberto Fuentes Mohr y Manuel Colom Argueta, así como miles de militantes de la social-democracia y la Democracia Cristiana. Todos estos crímenes políticos han quedado en la total impunidad, al igual que la represión generalizada contra el movimiento social y la población civil, que culminó con el genocidio de población maya y las campañas de tierra arrasada. Algunos podrán reaccionar diciendo que esos fueron crímenes del pasado, dentro del marco del conflicto armado interno; pero la impunidad es del presente, coexistiendo en una sociedad enferma víctimas, victimarios y gente indiferente. Esa impunidad es el caldo de cultivo para que la derecha recurra de nuevo a la eliminación de lo que considera «sus obstáculos», usando ahora a la delincuencia, organizada o no, para las acciones violentas. UDEFEGUA hizo notar, con motivo del secuestro y asesinato de la Lic. Emilia Quan en diciembre pasado, que en 10 años se han registrado 2,237 agresiones a defensores de los derechos humanos y 122 asesinatos. A lo largo de 2010 más de 20 dirigentes del movimiento social fueron asesinados, en donde parece evidente el vínculo entre poderosos sectores económicos o políticos de derecha y sicarios. Pese a los ofrecimientos del gobierno de investigar estos hechos y a la presencia de la CICIG en el país, estos crímenes gozan de la misma impunidad que los crímenes del Estado durante el conflicto armado interno. ¿Cuál es la solución a la violencia de la derecha? El Estado no puede quedarse a la espera de que la derecha cambie sus prácticas. La aplicación del principio de la igualdad ante la ley debe prevalecer en la vida del país: «el que la hace, la paga» acorde con la ley, sin importar el sector ideológico o la clase social de los autores intelectuales y materiales de los crímenes. También la derecha debe aportar a la solución del problema. Es hora de que renuncie a la violencia como método, tanto de palabra como de hecho. Eso se está exigiendo hoy de líderes Republicanos en Estados Unidos que han utilizado retórica incendiaria que incita a la violencia y ese debe ser un prerrequisito para cualquier candidato a la presidencia de Guatemala. Las clases políticas deben actuar con plena responsabilidad.