A propósito de la crisis de valores éticos y morales, además de la crisis económica, no es cuestión únicamente de maldecir nuestra mala fortuna y esperar a que todo cambie por arte de magia; de lo que se trata es de manera fundamental la recuperación de nuestras vituperadas convicciones y ponerlas de nuevo al frente de nuestras decisiones.

Solo así­ nos podremos librar de seguir repitiendo esta historia gatopardezca, en la que… TODO CAMBIA PARA QUE TODO SIGA SIENDO EXACTAMENTE IGUAL. Estamos ya hartos de tanto robo institucional, es decir, cometidos por supuestos dignatarios de la nación, funcionarios y empleados públicos y una recua de particulares amparados por los gobernantes.
      En esta temporada electoral, marcada  –como las anteriores– por el aspecto del vil asesinato, se repite el fenómeno de las canciones sosas, cursis, estúpidas y hasta lastimeras, que demuestran la verdadera calidad de los contendientes; no les digo candidatos porque son solo contendientes.  ¡Que degradación polí­tica!, desde el más rubio analfabeta funcional hasta el más culto o moreno más ignorante, han formulado propuestas serias que sean posibles de cumplir, la mayorí­a lo hace de forma hipotética porque desde ya saben que no será posible cumplir.
     
      En este exasperante torneo en el que se concursa para saber quién grita más en las tarimas para confundirnos, también irrumpe la publicidad ramplona que nos trae mensajes de la insoportable petulancia de ciertos gobernantes, la ambición codiciosa de algunos empresarios, la voz “doctoral” de algunos polí­ticos jurásicos y de otros imberbes que se creen capaces para legislar, la falta de escrúpulo moral de publicistas o las inflexiones desarmonizadoras e imperativas de gritones televisivos o radiofónicos con incontinencia verbal.
     
      Nuestro paí­s acusa un grave retroceso en materia de derechos humanos, muertes inexplicables, tortura, trata de personas, delincuencia de cuello blanco, delincuencia común y delincuencia organizada impunidad institucional son los elementos que hacen de Guatemala el paraí­so de la impunidad en materia fiscal y delictiva.
     
      Se necesita en Guatemala la consolidación de una sociedad moderna en la que se luche de forma incansable por la plena vigencia de los derechos humanos y de la normativa jurí­dica; corresponde ahora a los servidores públicos y autoridades ajustar sus acciones para que éstas no constituyan  violaciones a los derechos humanos y a los gobernantes desarrollar su actividad dentro del marco de la cultura de la legalidad.
     
      Un avance significativo puede ser el hecho de inclusión del principio de la interpretación pro persona, lo que significa que, bajo cualquier circunstancia, se deberá interpretar la norma en el sentido que en mayor medida  beneficie  a los gobernados. Tal vez es mucho pedir a la próxima legislatura, pero podrí­a intentarse.