El día de ayer fue publicado en un matutino un comunicado de conocidas personalidades del mundo institucional guatemalteco, que lleva como título “Traicionar la paz y dividir a Guatemala”.
Y como dichas personalidades han tenido y siguen teniendo injerencia directa en los asuntos públicos, bien vale citarlos uno por uno:
Se trata de Luis Flores Asturias, Eduardo Stein, Gustavo Porras, Raquel Zelaya, Richard Aitkenhead, Adrián Zapata, Arabella Castro, Rodolfo Mendoza, Marta Altolaguirre, Marco Tulio Sosa, Mariano Ventura y José Alejandro Arévalo.
Todos estos actores han tenido una vasta participación política, principalmente en los gobiernos de Serrano, Arzú, Berger y el actual. Su actuación se ha dado a través de centros de pensamiento como el ASIES, universidades privadas diversas y en el terreno de lo público. Son figuras que se han movido un tanto graníticamente, salvo el caso de Adrián Zapata que ha tenido cierto protagonismo en el tema de la actualidad rural.
El motivo del comunicado es por el caso de las acusaciones de genocidio en contra del general Ríos Montt, que están movilizando en estos momentos principalmente a voces conservadoras, que tienen como propósito contener diversas acusaciones que podrían tener, o están teniendo, un efecto dominó hacia los más altos responsables de la violencia política del pasado militar.
Y como muchas cosas se habrán de escribir sobre el tema del genocidio, yo me voy por el tema del comunicado que apunta a la posibilidad del “quiebre de las conquistas de los esfuerzos de paz”.
Dicen tales actores influyentes que “aunque las condiciones estructurales que los Acuerdos de Paz pretendían transformar aún persisten, en muchos aspectos se registraron mejoras sustanciales” y aseveran que la violencia política ha desaparecido y que las expresiones políticas de la insurgencia como cualesquiera otras se han desenvuelto en un clima de libertades y seguridad. Les preocupa así que las acusaciones de genocidio, son una acusación en contra del Estado de Guatemala en su conjunto.
Tal vez ellos porque estuvieron muy cerca del escenario de los laberintos de las negociaciones son proclives a la afirmación que la firma autoridades-guerrilla era la finalidad principal, de esa caja de Pandora que se abrió con los compromisos de la paz. Para mí, la traición a la paz, para todos aquellos que sufrimos de una u otra forma esa época histórica, es la indiferencia e incapacidad de todos los gobiernos democráticos.
La agenda de cumplimiento habla de incremento de la carga tributaria, de un contrato social (¿en dónde está?), de mecanismos de corresponsabilidad (¿en dónde están?), de la conveniencia de un “Consejo Asesor de Seguridad”, de fortalecer la Policía, de incrementos presupuestales significativos a los entes de seguridad y justicia, de desarrollo social, de un marco normativo para servicios públicos de calidad.
Hablan de educación, de comisiones paritarias, de apoyo a la vivienda, de fortalecer el IGSS, y hasta de empleo. Se habla también de descentralización, de desarrollo rural, de estrategias de todo tipo, de una agenda legislativa en la que se incluya el tema de la tierra, de pueblos indígenas (aló Totonicapán), etcétera, etcétera.
Buen momento entonces para hacer una profunda reflexión sobre el tema post paz, en virtud de que cada día que pasa, la coyuntura no hace más que mostrar las traiciones del “establishment” a una “paz firme y duradera”, como decían los slogans.