Hace algunos meses el Superintendente de Bancos de Guatemala, Edgar Barquín, dio a conocer que estaba impulsando un proyecto de ley para introducir algunas regulaciones en el funcionamiento de las tarjetas de crédito a efecto de garantizar su transparencia y evitar acciones perjudiciales para los usuarios.
Muchos tarjetahabientes recibieron la noticia con gran simpatía, pues en nuestro medio son frecuentes los cobros de intereses leoninos dentro de un marco de impresionante impunidad al amparo de la mal llamada libertad de mercado. Pero ya no se supo más del destino de la iniciativa del Superintendente, por lo que es conveniente conocer en qué etapa se encuentra ese proyecto.
En fecha reciente, el analista de temas económicos, Rodrigo Ponce, declaró a un noticiero de la televisión local, que las tarjetas de crédito han caído en Guatemala en el delito de la usura.
Dijo que todos los miércoles se publica la tasa máxima de interés que autoriza la Junta Monetaria para operaciones activas, la cual en el término de un año no ha logrado sobrepasar el nivel de un treinta y seis por ciento (36%). Sin embargo, algunas de las tarjetas de crédito están cobrando de un setenta y cinco (75) hasta un ciento cincuenta (150) por ciento.
Ponce explicó que tales empresas están haciendo capitalizaciones de mora sobre mora y de IVA sobre IVA, incurriendo en el delito de usura. El artículo 276 del Código Penal de Guatemala contempla este delito, y puntualiza que lo comete quien exige de su deudor en cualquier forma, un interés mayor que el tipo máximo que fije la Ley o evidentemente desproporcionado con la prestación, aun cuando los réditos se encubran o disimulen bajo otras denominaciones.
En Guatemala, las empresas emisoras de las tarjetas de crédito, además de los intereses cobran cargos por servicio, cargos bonificables y otros rubros. Adicionalmente, cuando sus clientes se atrasan en los pagos, literalmente los «atornillan» con intereses moratorios y cargos por gestión de cobro. En resumen, se trata de verdaderos «asaltos» a plena luz del día y sin ningún castigo, por lo que hay que hacer algo para frenar estos excesos con toda la energía y el poder del Estado.
Desdichadamente, en Guatemala la sanción por el delito de usura es muy benigna. El Código Penal contempla que el responsable de cometer este delito será sancionado con prisión de seis meses a dos años y multa de doscientos a dos mil quetzales.
Ojalá que el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, pudieran interesarse para actuar en este campo, pues son muchos los atropellos que diariamente se cometen en nombre de la democracia y la libre empresa.