Si es cierto, como creo que lo es, que vivimos una crisis institucional profunda que demanda cambios de fondo, pareciera como si la salida habrá que encontrarla en una reforma constitucional y visto el panorama sin mucho análisis es grande la tentación de creer que por esa vía se puede refundar la institucionalidad democrática. Sin embargo, es crucial entender que cualquier proceso de reforma constitucional, por la vía que se pretenda, tiene el inconveniente de fondo que debe pasar por fuerza a través de la estructura partidaria y eso nos permite temer, con razones más que fundadas, que el remedio pueda ser peor que la enfermedad.
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Leía hoy a Gustavo Porras comentando sobre el particular y él cree que estamos en un callejón sin salida porque, según sus palabras, «hoy prevalecen el oportunismo, el pragmatismo y lo electorero, y lo que podría ocurrir con una Constituyente en estas condiciones sería un salto para atrás». Yo coincido plenamente con el punto de vista de Porras Castejón porque tampoco creo que una Constituyente electa en las actuales condiciones y con los partidos vigentes podría alcanzar mejor representatividad que la que promulgó la Constitución vigente y por ello es que sostengo que quienes hablan de una reforma constitucional como única salida para la crisis no entienden lo que están proponiendo ni las consecuencias de una acción de tal tipo.
Creo, en cambio, que la única salida posible es enmarcar la vida nacional en los preceptos de la Constitución, es decir, que nos comprometamos en un nuevo pacto social dirigido por un gobierno con algún nivel de liderazgo, a cumplir con la Constitución como camino para rescatar la institucionalidad democrática. Obviamente la Carta Magna no es perfecta, pero desafortunadamente ya nos demostraron de lo que son capaces ciertos sectores cuando manosean una Constitución. La reforma impulsada por el gobierno de Ramiro de León Carpio bajo el lema de la depuración del Congreso no depuró ese organismo, pero sirvió en bandeja un negocio descomunal al sector financiero privado del país al prohibir al Banco de Guatemala otorgar préstamos al Estado.
Una vez generada la costumbre de acatar la ley, de la cual estamos tan lejos, es posible que se pueda hablar de reformas que antepongan los intereses del país a los sectoriales. Existe un movimiento que busca la reforma diciendo que quiere reducir el número de diputados, pero lo que en verdad quiere es dar más poder a las universidades privadas y quitarlo a la San Carlos. Y así, con agendas encubiertas y propuestas tenebrosas, muchos hablan de la reforma constitucional como panacea. Es más, aún los que de buena fe quieren reformar la Constitución, parecen ignorar que todo pasa por un Congreso que debe dar luz verde a las reformas o convocar a una Constituyente con dos tercios de los votos. En otras palabras, los representantes de los partidos políticos actuales son los que tendrían que tomar las decisiones sobre la reforma constitucional y eso sí que nos mete en un callejón sin salida.
Uno de los problemas que percibo es la escasa visión de Estado que muestran muchos de nuestros dirigentes políticos y que se materializa en esa ligereza para abordar el tema de la reforma del Estado. Una mala reforma constitucional sería, como bien dice Gustavo Porras, un verdadero salto para atrás.