Desde hace más de cuatro años hemos pretendido en La Hora que los candidatos presidenciales se definan en cuanto al manejo de los fondos públicos con los fideicomisos públicos y en campaña todos los critican, pero una vez en el poder no sólo los justifican sino que los usan para evitar controles y fiscalización.

En el gobierno anterior se llegó al colmo de que el Ministro de Finanzas propuso acciones para “controlarlos”, pero sin animarse a exigir que fueran desmantelados para asegurar la transparencia.
 
 A la actual Contralora General de Cuentas de la Nación la he criticado severamente porque no sólo recibió en los últimos días del gobierno de Colom el regalo del salario duplicado, sino que además su responsabilidad en el manejo de polémicos programas en ese régimen hizo cuestionable su idoneidad. Sin embargo, tengo que reconocer que ha sido ella la primera funcionaria que hace un planteamiento coherente y correcto sobre los fideicomisos. Ayer dijo en el Congreso que no hay que emitir una ley para normar los fideicomisos públicos, sino que simplemente hay que erradicarlos porque por su misma naturaleza están diseñados para encubrir el manejo de los recursos.
 
 Efectivamente, la institución del fideicomiso está regulada en el Código de Comercio y es una forma de administración que funciona entre particulares, pero no se diseñó para que entidades públicas la utilizaran porque por definición y estructura terminan sujetados a las regulaciones bancarias y no a las que tienen que ver con la transparencia. Quien constituye un fideicomiso es el más interesado, en el campo privado, de que el mismo sea administrado eficiente y honestamente y eso hace la gran diferencia, puesto que los que constituyen los fideicomisos públicos lo hacen precisamente para que nadie se meta a ver cómo los están ejecutando.
 
 En ese sentido, y porque uno tiene que reconocer sus errores, tengo que admitir que el prejuicio que tuve contra la señora Contralora de Cuentas puede no ser correcto. Al menos no lo es en el tema de los fideicomisos porque entiendo claramente que su postura es la más clara, categórica y definida para terminar con la peor lacra que hay en la administración pública y que ha sido apañada por diversos sectores porque al final de cuentas deja muchas ollas untadas. Terminar con los fideicomisos es una absoluta obligación si es que vamos a hablar de transparencia en la gestión pública y al respecto no caben medias tintas como las que intentó el gobierno anterior cuando el ministro Fuentes Knight los justificó y quiso institucionalizar dizque mediante normas de control. Lo cierto es que son incontrolables porque su diseño está precisamente para eso, para no rendirle cuentas a nadie.
 
 Insisto en que se trata de una de esas “genialidades” de abogados que andan viendo siempre cómo encuentran la forma de burlar la ley. Expertos en hacer efectivo aquello de hecha la ley, hecha la trampa. Nadie ignora que hay abogados que se especializan en asesorar sobre formas de reírse de las normas y son precisamente esos los que aconsejaron que para evadir los controles de la Ley de Compras y Contrataciones, para impedir la fiscalización de la Contraloría y evitar el escrutinio público, la mejor forma era apropiarse de esa figura diseñada para ser parte del derecho privado y que funciona muy bien entre particulares porque justamente fue establecida para ellos, pero que al ser usurpada por el sector público se convierte en tapadera de enormes actos de corrupción.
 
 Si los guatemaltecos tenemos la intención de luchar seriamente por la transparencia, no podemos andar justificando hueveos como los que se hacen con los fideicomisos ni quererlos encubrir mejor con leyes para regularlos. Hueveo es hueveo y el fideicomiso público está hecho para fomentarlo.