Yo pienso que cualquier esfuerzo que haga Colom por lograr un acuerdo nacional en busca de mayor equidad y justicia social, si es que tal es su intención, se topará con férrea oposición que se manifestará en un escrutinio persistente de todos y cada uno de los actos de su gobierno. La corrupción en cualquier dependencia no será juzgada con el mismo rasero que se usó en estos cuatro años, en los que se consideró que un gobierno de empresarios tiene como la facultad o licencia de hacer negocios. Por el contrario, si las intenciones del nuevo gobierno de alguna manera tuvieran realmente orientación socialdemócrata, especialmente en el plano del papel regulador que en la economía de mercado tiene que jugar el Estado, seguramente que seremos testigos de una despiadada confrontación en la que los medios se volcarán a destapar cualquier manejo dudoso.
ocmarroq@lahora.com.gt
Por ello creo que es importante entender que el problema de la corrupción es estructural en el país y que se ve alentado por un sistema hecho y diseñado cabalmente para permitir ese comportamiento de los funcionarios públicos. De hecho, tras los sonoros escándalos de la época de Portillo, la lógica elemental hubiera aconsejado que se cambiara el sistema y que se diseñaran mecanismos adecuados para impedir que en el futuro alguien pudiera echar mano del dinero del Estado para su propio y particular enriquecimiento. Fue tanto lo que se destapó sobre la corrupción y tan detallado el enfoque para desmenuzar caso a caso, que era fácil, tras saber cómo se enriquecieron los funcionarios, cambiar los sistemas administrativos.
Pero si vemos, por ejemplo, el tema de las transferencias en las que el Ejército se convirtió en una especie de caja chica para facilitar los gastos confidenciales, gracias al carácter secreto de muchos de los gastos militares, nos damos cuenta que nada cambió y que lo único distinto es que la prensa no se puso a contar costillas para establecer cómo se manejaba el presupuesto del Ministerio de la Defensa. Pero las transferencias están allí y el secreto del gasto persiste, lo que nos debiera hacer concluir que nada cambió en el fondo, salvo la percepción ciudadana respecto a la honestidad o corrupción de las instituciones.
La salvaguarda para Colom, sabiendo que las tentaciones son enormes y que no podrá meter las manos al fuego por todos y cada uno de sus funcionarios y que cualquier resbalón será usado para hacerlo pedazos, está en trabajar seriamente en el diseño de nuevas formas de administrar y de fiscalizar, para protegerse a sí mismo de cualquier acto de corrupción y para sentar las bases a futuro de gobiernos más probos y menos tentados al enriquecimiento. Porque si nada cambia, si los modelos de administración financiera y de fiscalización siguen igual que hasta hoy, no habrá forma de detener la corrupción, por honesto que pueda creerse el Presidente o por cristalino que pueda ser en lo personal porque abajo está servida la mesa para hacer micos y pericos.
Cualquiera con mediano conocimiento de la administración pública sabe cómo es que se cuecen las habas en nuestro medio para facilitar el tráfico de influencias y hasta cómo es que se hacen transferencias para burlar la norma constitucional que prohíbe los gastos confidenciales. Todos sabemos que existen mecanismos para sufragar gastos de esa índole y por dónde es que se realiza la maniobra. Pues todo eso es lo que debemos cambiar y sobre lo que deberá trabajar el Gobierno, adoptando estrategias que le permitan operar en forma tal que no provea de insumos a quienes desde ya están planeando la forma en que, contándole las costillas, le harán oposición.