El discurso sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos y el avance de las obras parece carecer de sustento en la administración de la reconstrucción que está en marcha luego del terremoto del pasado 7 de noviembre.

Así lo demuestran los hechos y las experiencias a más de tres meses del seísmo, mientras que expertos recomiendan a los encargados de la fiscalización del Estado cumplir con su labor, a la vez que demandan al gobierno mayor eficiencia en la publicación de la información de interés ciudadana.

Lo único claro y certero sobre la reconstrucción es que el ofrecimiento de transparencia total sobre los recursos públicos no se cumplió. Las promesas del presidente Otto Pérez Molina, quien el 14 de noviembre pasado dijo que “no queremos que se propicie la corrupción” y aseguró que “no dejaremos las cosas a medias” quedan sin mayor sustento; además, la vicepresidenta y coordinadora de la reconstrucción nacional, Roxana Baldetti, quien el 29 de noviembre pasado presentó las herramientas de fiscalización ciudadana, queda en deuda con la población porque hasta ahora tales mecanismos son ineficientes e inútiles para la auditoría ciudadana.

Los datos que el gobierno ha publicado en el portal de Internet www.reconstruyendoguatemala.scyt.gob.gt –creado con la presunta intención de transparentar el gasto en reconstrucción– se encuentran desactualizados y poco detallados. Con la información disponible, es imposible realizar una fiscalización adecuada de los procesos de compras y contrataciones de las obras y vigilar el buen uso de los fondos.

En vista del incumplimiento de garantizar la transparencia online, La Hora realizó una solicitud de información a Jorge Mario Hurtarte, subcoordinador del Comité de Reconstrucción Nacional, para acceder a los datos reales y completos. Los informes se publicaron en el portal de reconstrucción y fueron trasladados en físico a este vespertino, pero los resultados tampoco fueron satisfactorios para la tarea de fiscalización. (Lea: Los Papeles del Comité).

Al ser consultado Hurtarte respecto a las garantías que pudieran tener los guatemaltecos que el Gobierno había comprado al mejor precio, éste manifestó que se habían hecho cotizaciones y que de esa manera se habían logrado las condiciones más favorables; al preguntarle por qué esas cotizaciones no constaban en la página, ofreció que las mismas se subirían al portal, pero hasta el cierre de esta edición las mismas no aparecían.

El experto de la organización Acción Ciudadana en materia de transparencia, Marvin Flores, afirma que la información de ese portal es inadecuada y Hurtarte, por su lado, se excusa diciendo que “estamos tratando de revisar constantemente qué es lo que las instituciones suben, para ver si la información es correcta o no”.

Cuando se comenzaba a comprar los materiales de construcción, Baldetti dijo que estos no deberían variar en precio aunque las entidades compradoras fueran distintas. Sin embargo, el Ministerio de la Defensa compró material eléctrico a Q489.23, pero el precio del cupón para Fonapaz es de Q551.23 y en ambos casos es el mismo proveedor.
Además, en el block existen precios distintos; el Ministerio de la Defensa compró cupones de block a Q3 mil 468.72, mientras que Fonapaz lo hizo por Q3 mil 835.26.

También el Fondo Social de Solidaridad adquirió a Q69.16 el saco de cemento, pero en el detalle final de costos del Plan Piloto de construcción de viviendas se consigna en Q70. Según Hurtarte, esto puede obedecer a un error humano, por ejemplo, “un teclazo” al momento de escribir los informes.
Las diferencias en el block, se deben a que la Vicepresidenta había negociado “un muy buen precio” con la empresa Precom, pero después otra empresa, La Roca, ofreció “un poquito más barato y obviamente no les íbamos a decir que no”. Esa es la causa de que el precio finalmente variara, comentó el funcionario, a quien solo fue posible localizarlo vía telefónica.

Aunque no especificó ni cuántos ni con quiénes, la Vicepresidenta dijo la semana pasada, que el gobierno solicitaría la revisión de algunos contratos con varios ejecutores, porque no le parecían precios muy adecuados. Hurtarte dijo que aún no se tenían instrucciones precisas sobre lo que se tenía que revisar, por lo que pediría instrucciones. Sin embargo, esa información no se observa al visitar el portal web.

“En la medida que se nos solicita hemos estado subiendo la información para que todos estén de alguna manera satisfechos con la información que estamos subiendo”, dice el funcionario. No obstante, Flores argumenta que navegar en ese portal “es imposible”.

A pesar que ha sido una constante la no rendición de cuentas, el analista de Acción Ciudadana considera que comparado con otros procesos de reconstrucción, ahora “no hay ejercicio de rendición de cuentas” y la página “no tiene información” y así “no funciona”, señala.

EL OBSTÁCULO LEGAL
Luego del terremoto del año pasado, el Gobierno decretó estado de Calamidad pública en ocho departamentos situados al occidente del territorio de la República; esto porque las leyes de la nación permiten que durante ese estado de Emergencia se agilice la utilización de recursos del Estado con el fin de llevar a cabo un recuperación pronta a las localidades afectadas, pero por otro lado dificulta la fiscalización del gasto público que en situaciones normales se realiza a través de los mecanismos que establece la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y que facilita el portal Guatecompras.gob.gt.

Derivado de la intención de “agilidad”, la legislación de compras y contrataciones del Estado prevé que se realicen adquisiciones sin necesariamente cumplir ciertos requisitos de transparencia, como es la licitación pública en la que participen varios oferentes. Esto sucede durante los estados de Calamidad.

Según la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, las compras por excepción permiten al jefe de una cartera de gobierno seleccionar a dedo a las empresas, que según él, cumplan con los requisitos para realizar cierto tipo de obras, ya sea construcción de inmuebles, carreteras o distribución de cierta ayuda social.

Para evitar los llamados “errores del pasado”, entre los que destaca la corrupción en los procesos o bien labores a medio terminar, el Ejecutivo creó el Comité de Reconstrucción Nacional el pasado 16 de noviembre, a solo nueve días del seísmo. El portal web para publicar toda la información relacionada con la reconstrucción se lanzó el día previo.

Hurtarte dijo que “nosotros estamos tratando de coordinar a las instituciones que están haciendo el trabajo de reconstrucción”. La idea, explicó el funcionario, es hacer énfasis en las instrucciones del Presidente, quien ha pedido a los coordinadores prontitud y que se pueda contar “con la participación de la sociedad civil y que lo hagamos transparentemente”.

“Es lo que estamos tratando de cumplir”, puntualizó.

Sin embargo, hasta la fecha la información disponible para que se fiscalicen las obras de reconstrucción es escasa e imprecisa, mientras que los discursos del Presidente y la Vicepresidenta, entorno al avance de los trabajos, parecen contradictorios y no dejan claro cuál es el verdadero estado de la reconstrucción.

LOS PLANES
La entidad coordinadora tiene varios planes; entre estos hay uno para construir 7 mil 310 viviendas nuevas que serán otorgadas a las familias que perdieron su casa debido al seísmo y también está recuperar la infraestructura escolar, la de salud y de agua potable.

Se habla de varios modelos de casas pero no se especifica cuál se construirá y en dónde. Además en la página de la reconstrucción acceder al modelos 3D es imposible y todo ello deriva en escasa información que se traduce en poca transparencia porque el Gobierno no informa y cuando lo hace, a petición de parte, la misma es muy general.

Para la reconstrucción de viviendas, los encargados directos son el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi); el Ministerio de la Defensa Nacional (MDN) y el extinto Fondo Nacional para la Paz, cuyas labores realizaría la Comisión Liquidadora.

En cuanto a Salud y Educación, deben ser las respectivas carteras las que se encarguen de cada área. Del agua potable es responsable el Instituto de Fomento Municipal (Infom) y en reparación de sistemas de riego, el encargado es el Ministerio de Agricultura.

¿POR QUÉ TRES EN VIVIENDA?
Según el Subcoordinador, la modalidad de construir viviendas mediante tres instituciones diferentes se debe a que de esta manera no se adicionan los costos de administración que implicaría centralizar las obras en una sola entidad, “porque eso lo está haciendo cada institución”. Si se agregara esto, afirma Hurtarte, “podríamos disparar el costo de la vivienda”.

Los gastos en que se incurriría por administración serían, por ejemplo, las personas encargadas de hacer las compras, tramitar cheques, verificar los materiales de construcción, coordinar el transporte del material y recibir el material de casa en casa. “Toda la logística”, afirmó.

El Mivici, con su personal, se encarga de toda la logística y la supervisión en el departamento que le corresponde. Si todo se hiciera con una institución “posiblemente no se daría abasto”, comentó.

Aunque sería normal que existan tres entidades involucradas en esta área, Flores argumenta que “hay desorden en la reconstrucción” y esto favorecería “la posible comisión de actos anómalos, algunos de los cuales pueden ser actos de corrupción” y es precisamente contra eso que debería actuar el Comité.

Flores señala que la intención de la existencia del Comité es buena, pero “no hay una visualización de que exista”, porque no habría divulgación de su trabajo ni rendición de cuentas apropiada. Acción Ciudadana tendría algunas denuncias de escasos avances en reconstrucción y la gente afectada no sabría a quién avocarse.

En Huehuetenango, un departamento seriamente afectado por el movimiento telúrico, ni siquiera hay Gobernador. Aunque hay una entidad para coordinar esfuerzos para reconstruir la infraestructura afectada, no se visualiza de parte de los afectados, menos aún por el resto de la población, un movimiento para exigir que las obras avancen.

COSTO DE LA RECONSTRUCCIÓN
A finales de noviembre pasado el costo de la reconstrucción se estimó, con el respaldo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en Q1 mil 657 millones, pero de ese monto el Gobierno desembolsaría solo un parte, debido a que los afectados que estuvieran en capacidad de hacerlo asumirían una fracción de los costos. Previo a esas estimaciones, el Ministerio de Finanzas informó que se disponía de aproximadamente mil millones de quetzales para la reconstrucción.

Al respecto, Flores agrega que aunque se identifiquen recursos esto no significaría que estén disponibles de manera inmediata. Esos recursos seguramente ingresarían al Estado posteriormente, agregó.

El Subcoordinador del Comité dice que parte de esos recursos son para la reparación de las 504 escuelas que ya están certificadas y también de los sistemas de agua. Algunos préstamos –contemplados en el millardo de quetzales– ya se tenían y se utilizarán para este fin. Igual funciona con el trabajo de reconstrucción en edificios del sector salud, que trabajarán con sus propios recursos. Si su presupuesto no alcanzara, también deberían acudir a los fondos de préstamos ya contratados y que se reorientarían para las obras.

Sobre la cantidad aproximada de lo que el Estado de Guatemala deberá desembolsar por la reconstrucción, Hurtarte dijo que “ahorita todavía no tenemos cuantificación exacta de todo lo dañado, porque cuando se saquen a licitar, por ejemplo las escuelas, se va a saber cuánto costó la reparación de cada una”.

Durante los procesos de licitación para la construcción de escuelas deberá evaluarse el daño y luego hacer las estimaciones necesarias de cada proyecto individualmente, manifestó el funcionario, quien también dijo que “Conred, en su momento, certificará si esas escuelas pueden ser construidas nuevamente en el mismo terreno o tienen que moverse de ubicación”.

RENDICIÓN DE CUENTAS
Las instituciones que trabajan en la construcción de viviendas deben rendir cuentas sobre lo que ejecutan. “Toda esa información hemos pedido que la suban a la página de transparencia”, refirió Hurtarte, para que pueda ser consultada por cualquier persona interesada. Para la compra de materiales, cada institución adquirió una fracción. Se habría tratado de que todo el material sea certificado y de la mejor calidad, indicó.

A criterio de Flores, “hemos visto escasa rendición de cuentas y poca claridad en lo que se va hacer”. De lo que hay más información es sobre reconstrucción de vivienda. Pero sobre edificios educativos “prácticamente no hay información”. Según estima, no se sabe a ciencia cierta de los rubros presupuestarios destinados a este tema.

“A diferencia de otros gobiernos, por malos que hayan sido, en este caso la situación está peor”, destacó Flores, pues a pesar de la existencia del Comité, considera que no hay ente encargado de la reconstrucción que coordine todos los esfuerzos. “No hay una entidad que pueda hacer coordinación interinstitucional”. En teoría, dice el activista, se designó a la Vicepresidencia pero “no ha dado muestras de tener un plan público y cuando menos coherente y estratégico”.

CON ATRASOS
El presidente Otto Pérez Molina dijo el pasado jueves que la reconstrucción presentaba cierto tipo de retrasos, que según el programa eran menos de 15 días. Hurtarte argumenta que la demora de la reconstrucción se debería a que “hemos tratado de no infligir ninguna ley ni reglamento”, situación que daría certeza de que la cosas se hacen bien y que se agotan los procesos.

No obstante, “los procesos en el Estado llevan un trámite” y a decir de Hurtarte las cosas se habrían hecho “eficientemente”, pero hay recursos que provienen de préstamos cuyos emisores están colaborando, pero “no podemos saltarnos los procesos”. Eso ocurriría con el préstamo del BID para levantar la infraestructura escolar.

“Cada cosa que hacemos tratamos que sea realmente lo que hay que hacer”, pues podría darse el caso de que se manden a construir escuelas y “no haya nada que construir”. Para eso, se debe evaluar cada una de las áreas afectadas, definir el dato y luego hacer los procesos correspondientes, e incluso tramitar los fondos, si fuera el caso.

En contraste con las declaraciones de Pérez Molina, la vicepresidenta Roxana Baldetti dijo la semana pasada a periodistas que los trabajos de reconstrucción se desarrollan de tal manera, que el gobierno tendría aproximadamente 15 días por delante de las fechas de entrega de viviendas nuevas, a las familias que fueron afectadas por el terremoto y que resultaron beneficiadas con ese activo.

Baldetti puntualizó que “en lugar de ir atrasados vamos adelantados”, pues la primera fase de entrega de viviendas concluye el 15 de febrero, con 150 casas, distribuidas entre San Marcos, Quetzaltenango y Sololá.

PERO SÍ HAY QUE HACER…
Aunque la ministra de Educación, Cynthia Del Águila ha confirmado a La Hora que su cartera se ocupará de revisar las necesidades que hay en San Marcos, como la situación de la Escuela Naciones Unidas y el INMO, según las consultas realizadas a los directores de esos establecimientos las autoridades responsables no han llevado a cabo procedimientos para recuperar la infraestructura lo antes posible.

Raymundo Fuentes, director de la escuela Naciones Unidas, afirma que el INMO está en las mismas condiciones que la escuela que dirige. “No es negligencia del personal docente no trabajar, sino la falta de seguridad en los dos edificios”, dijo el profesor, pues se le ha dicho que las instalaciones del Instituto están habilitadas para ellos en las mañanas, pero comenta que están también en mal estado.

Elías Godínez, director del INMO, afirma que la condición continúa siendo la misma y cada día se complica más. En el Instituto están empezando con las inscripciones de primer ingreso. La semana previa, llegaron delegados de la Dirección Departamental, pero según Godínez “vienen a escuchar y a decir lo mismo; pero acciones de parte de ellos, no hay”.

Godínez se siente frustrado. Adquirieron una deuda de unos Q52 mil, pero el Mineduc todavía no la asume. Fuentes, según deja entrever, no se arriesgaría a pedir crédito, como lo hizo el personal del INMO. No obstante, si no fuera por esas medidas, las condiciones del Instituto serían las mismas que las de Naciones Unidas.

Según Hurtarte, la empresa AMANCO donaría unas aulas para la escuela a cargo de Raymundo Fuentes, por lo que esta semana podría ser que llegue el material al área. “Posiblemente no es todo lo que se necesita pero igualmente estamos tratando de ver si hay alguna otra institución que nos pueda ayudar”.

El proceso de reconstrucción por medio de reorientación de préstamos, que es lo que hace Educación, llevaría por lo menos entre seis y doce meses, según el analista de Acción Ciudadana. Aunque el estado de Emergencia permite acelerar procesos, la reconstrucción avanza lentamente. “A muchos educandos este año no se les resolverá el problema de tener instalaciones adecuadas para recibir clases”, dijo Flores.

EL INFORME
Cada institución debe notificar de los avances que tiene, “porque cada quien es responsable de lo que está ejecutando”, opinó el funcionario que Subcoordina.

La diputada consultada, afirma que “hay obligatoriedad del Ejecutivo de mandar informaciones trimestrales al Congreso”, por lo cual, “vamos a ver si lo ha hecho, vamos a revisar y tratar de mantenernos informados de lo que ha hecho o dejado de hacer”.

Según la diputa del partido Encuentro por Guatemala, “hay toda una campaña para que nos olvidemos que está haciendo y qué está pasando con el Ejecutivo”, pues “toda la batería la han cargado contra el Congreso, precisamente para que haya estas acciones, mientras que lo que están haciendo y deshaciendo en el Ejecutivo”.

La población está fijada en lo que está haciendo el Congreso que ni siquiera maneja fondos, según Montenegro. “El presupuesto lo maneja el Ejecutivo (…) sin embargo, la gente no se percata de eso”.

La reconstrucción estaría avanzando mientras habría una campaña contra el Congreso y hasta “campañas de depuración”. Cómo se usa el dinero del fertilizante, de la “Bolsa Segura”, de las becas y de la reconstrucción “no se sabe”, dijo la parlamentaria. Por tanto, “es oportuno reflexionar y revisar qué se está haciendo”.

Montenegro apuntó que también se debe exigir un rol activo a la Contralora, pues su rol en este caso es “revisar cómo se está usando el dinero para la reconstrucción”.

INTERROGANTES
Montenegro estima que hay varias interrogantes en el aire con este proceso. Qué está haciendo la Contraloría General de Cuentas de la Nación, por qué no se publica información de la reconstrucción en Guatecompras, qué ocurre con los informes. Mientras hay estado de Calamidad, debido a la práctica de la elección de las empresas que construyen, se brinda espacio para dudas sobre el correcto uso de los recursos.

Incluso, “vamos a investigar si no hay clientelismo en esto y si no se están favoreciendo determinadas empresas que no tienen capacidad de ejecutar ni respaldo financiero. No nos consta, pero como es por excepción, no sabemos cuáles son las empresas. Vamos a ver si no están favoreciendo a comunidades que ni siquiera fueron afectadas por el sismo”, dijo la legisladora.