El Gobierno de Otto Pérez Molina ha iniciado una ofensiva fuerte por lograr una reforma fiscal en la que no solo se contempla la modificación de tasas, si no toda una serie de medidas que buscan que se tribute más y mejor y, en teoría, a fomentar la transparencia y asegurar la calidad del gasto.

En la reforma que se plantea, los asalariados y personas que compran vehículos rodados por necesidad y no por gusto, parecieran ser los más afectados porque al final del día, son pagadores directos y no tienen a dónde trasladar el impacto.

Que si las personas con mayor capacidad no están pagando acorde a lo que tienen, que si se le hizo un favor al sector inmobiliario o que se desincentivará la pedida de facturas, son temas que dan para discusión y creo que es conveniente hacerlo para alcanzar un acuerdo sano y duradero.

Pero lo que si no es un tema sujeto a discusión es la transparencia, y a mi juicio, el Gobierno hábilmente está jugando con un fuego que ahora parece calculado. En torno a la transparencia, el General Otto Pérez Molina empeñó su palabra en la campaña, ya electo y por último como Presidente y ahora no puede fallar. Abordado hasta el cansancio, Pérez dijo  que la Ley Contra el Enriquecimiento ilícito (LCEI) en la que funcionarios y contratistas fueran medidos con la misma vara, era su compromiso.

Preguntado la semana pasada por los componentes de transparencia de la reforma que incluyen tres leyes nuevas y la modificación de otras siete, el Presidente excusó que para no atolondrar a los diputados con tanta cosa, será hasta el 15 de marzo su día D en lo que a transparencia se refiere, porque esa será la fecha ofrecida para pasar la chibola al Congreso entregando las iniciativas.

Y decía que el Ejecutivo estaba hábilmente jugando con fuego porque la LCEI lleva más de un año durmiendo el sueño de los justos en el Congreso, solo le hace falta que jefes de bloque la agenden y el pleno la apruebe y para el Presidente será fácil luego echarle la culpa al Congreso cuando por enésima vez se nieguen a siquiera discutirla en el pleno.

Si la política es de percepciones y golpes de efecto, es inaudito que el Gobierno no replantee su estrategia e intente que la reforma fiscal sea aprobada de forma paralela, al menos, con la LCEI y la ley de fideicomisos. Cabe aclarar que la LCEI necesita una modificación vital y es que los contratistas deben ser medidos con la misma vara, pero ese es un tecnicismo que con voluntad se logra.

Hoy el PP cuenta con los votos suficientes para lograr lo que su agenda dicte, así se ha visto y el mismo Presidente lo confirmó la semana pasada. Así que hablar de reforma sin hablar de transparencia es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Esa no fue la promesa ratificada el día de la toma de posesión.

Ojalá yo esté equivocado, pero justo es decir que cualquier suspicacia es válida por tanto engaño en el transcurso de la historia. El mandatario no se puede olvidar que la gente está harta y ahora ve una oportunidad para que las cosas cambien y por el momento, él abandera ese cambio.

Pareciera que depende de la voluntad política del Presidente, su equipo y bancada, pero yo le aseguro que no; depende de la forma y la determinación en la que nosotros querramos ese cambio.

Ojala el 15 de marzo no sea muy tarde y los diputados no aniquilen el esfuerzo, porque no será culpa de ellos y no habrá excusa que valga, ni para el Gobierno, ni para nosotros como ciudadanos miedosos que no nos atrevemos a exigir el cambio que nos ofrecieron en campaña.