Algunos comentan de ella, otros ni siquiera la mencionan y hábilmente desví­an los temas hacia otros horizontes. Todos hablan de más recursos, pero no dicen cómo les garantizarán a los guatemaltecos que los mismos serán utilizados de manera correcta. Todo se reduce a la ausencia de voluntad polí­tica, que parece ser la más buscada en este año parlamentario, en el que además han dominado las agendas entrampadas y la falta de consensos en puntos clave, como el combate a la corrupción y la reestructuración del presupuesto.

Si en algo están de acuerdo los 158 diputados que representan al pueblo de Guatemala dentro del Congreso de la República, es que hace falta voluntad polí­tica para poder avanzar en la agenda legislativa y alcanzar consensos en puntos clave para el paí­s

Con distintas técnicas, algunas muy conocidas como el filibusterismo –bloquear la aprobación de una ley o acto legislativo gracias a un discurso de larga duración– se ha logrado entrampar puntos importantes de una agenda que previamente se ha consensuado con dificultades.

Si bien es cierto, el «legislar» es apenas una de varias atribuciones que la Constitución manda al Organismo Legislativo, no existen evidencias para argumentar que en las fiscalizaciones e interpelaciones se haya obtenido grandes resultados, pues las interpelaciones sirven más para entrampar la agenda que para fiscalizar.

«Lo que abunda es la falta de voluntad y lamentablemente la población vota por bloques, por lo que llegan grupos que imponen sus reglas y si ellos no quieren avanzar ponen una interpelación que puede durar meses y retardar procesos», dice Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG).

LAS PRIORIDADES

Más que aprobar la ampliación presupuestaria, dar ví­a libre a los préstamos para financiar el presupuesto y terminar con las interpelaciones –parcialmente liberadas con un acuerdo entre el Partido Patriota y el Gobierno– existen una serie de proyectos e iniciativas de ley listas para ser conocidas por el pleno del Congreso.

Para la diputada por EG, la Ley Contra el Enriquecimiento Ilí­cito (LCEI) es la que resulta ser la prioridad entre la serie de urgencias que se presentan en el Legislativo.

«Aunque hemos visto grandes avances, estas iniciativas llevan por lo menos entre siete y ocho años y no se han podido conocer en el pleno», dice Montenegro al mencionar, también, las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado como una prioridad en el eje de transparencia.

La LCEI, también conocida como Ley Anticorrupción, es la que ha estado casi diez años agendada y hasta este 2011 logró obtener dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

De ser aprobada, se logrará perseguir a todos aquellos que se enriquezcan ilí­citamente, es decir, empresas privadas, contratistas, organizaciones no gubernamentales y personas que trabajan para el Estado.

Actualmente, la Ley Anticorrupción cuenta con cinco nuevos delitos que perseguirán a las personas particulares y funcionarios públicos que estén involucrados en la administración pública.

Delitos como el de testaferrato, tráfico de influencias, simulación de ofertas, enriquecimiento ilí­cito para funcionarios y el de enriquecimiento ilí­cito para particulares, están contemplados en esta iniciativa.

En el caso de la simulación de ofertas, que es una tipificación que se incorpora, se refiere a castigar a todas aquellas personas que inscriban empresas de cartón o simulen la contratación de empleados a cargos públicos.

«Reconozco que en la Ley de Extinción de Dominio se tocan algunos elementos, dirigidos a confiscar un bien, pero no se enfoca al tema de funcionarios públicos», dice la diputada.

La Extinción de Dominio (LED) fue aprobada contemplando la confiscación de bienes que han sido obtenidos por actividades ilí­citas, pero sin castigar penalmente a la persona involucrada, mucho menos si esta persona es un funcionario público.

De esta forma se complementarí­a la LED con la de Enriquecimiento Ilí­cito al tipificar el delito y detallar las penas y sanciones.

Seguido a estas leyes, se encuentra una tercera: la Ley Contra la Corrupción Administrativa.

Según la parlamentaria, esta serie de normativas permiten detectar a todas aquellas personas que se dedican a enriquecerse ilí­citamente con el erario del Estado, entre funcionarios públicos y personas particulares.

Lo que se pretende con esto, es también crear una institución autónoma a la Contralorí­a General de Cuentas y que monitoree las riquezas de quienes llegan a puestos públicos; saber cuántos bienes tienen antes de iniciar con el cargo, durante y después y así­ detectar a quienes incrementan sus pertenencias de forma desmedida.

AGENDAS ELECTORALES

A decir de la parlamentaria, todo parece tener coherencia, ya que entre una iniciativa y otra se puede lograr fortalecer el sistema administrativo y penal del Estado; el problema inicia cuando cada bloque legislativo maneja una agenda distinta.

Sólo con monitorear a las bancadas mayoritarias en el Legislativo y conocer cuáles son sus prioridades, se puede pronosticar dificultad para el avance.

La bancada Patriota con 38 diputados, la UNE con 32 y Lí­der con 27 manejan entre sus preferencias temas de seguridad por un lado, préstamos por otro y reformas a la ley electoral por un tercer camino.

De esta forma y sin existir consenso e invocando cada vez más a la voluntad polí­tica, la agenda no logra avanzar, mientras que la sociedad civil y comunidad internacional ven un escenario poco agradable para el fortalecimiento institucional y penal en el paí­s.

UNE, MíS RECURSOS

De parte del oficialismo, la ampliación presupuestaria y los préstamos siguen siendo el impulso principal de la labor en el Congreso. Las leyes de transparencia y anticorrupción no están en su agenda, como en el resto de las bancadas mayoritarias.

A decir de Mario Taracena, jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la iniciativa de ley para fortalecer el sistema tributario, Ley Antievasión II, también la están trabajando.

Esta iniciativa, de prioridad para la UNE, sigue en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, y entre las que pretenden hacer están la revisión a las facturas especiales, el aumento en el impuesto a los timbres fiscales y papel sellado, la restitución al impuesto al tabaco, la revisión del impuesto a la circulación de vehí­culos y la verificación de los fondos de prevención social.

De lograrse esa aprobación, el Estado podrí­a recaudar más de Q1 millardo, sin embargo, así­ como muchos puntos de agenda, éste tampoco logra avanzar.

«Si hubiera voluntad en el Congreso, en una semana pasarí­amos todo», reprocha Taracena.

El diputado Valentí­n Gramajo, subjefe de bancada del Partido Patriota (PP), indica que sus dos prioridades son las referentes a los temas económicos y de seguridad.

«Los préstamos no nos interesan, pero el tema fiscal sí­, ya que si este no existe no tendremos cómo combatir la inseguridad», refiere. Estas declaraciones de Gramajo fueron ofrecidas antes del acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno y el PP.

Según Gramajo, la Ley Contra el Enriquecimiento Ilí­cito que ofrece medidas anticorrupción y las reformas a los Códigos Procesal Penal y Código Penal son importantes, pero lo es más el pacto fiscal para obtener recursos en el combate de la violencia e inseguridad, evidenciando que al igual que la UNE, buscan más recursos sin aprobar medidas que garanticen la correcta utilización de los mismos.

A decir del diputado de oposición, el pacto fiscal es para buscar un acuerdo entre todos los sectores y así­ hacer las reformas tributarias para poder aumentar la recaudación fiscal.

«Nosotros tenemos la voluntad de hacerlo y el mayor interesado tendrí­a que ser la bancada de Gobierno» agrega.

Por su parte, la bancada Libertad Democrática Renovada (Lider), segunda bancada de oposición, celebra el haber podido resolver su principal prioridad que eran las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Polí­ticos en el tema del voto en el extranjero.

Aunque les queda pendiente el analizar lo relativo al impuesto de seguridad nacional, y apoyar la iniciativa con relación al tema de la cuota polí­tica de participación de las mujeres.

«Sin anticiparnos al poco tiempo que queda, nosotros creemos que todo se puede hacer con la voluntad», dice Roberto Villate, jefe de bancada de Lider, aunque tampoco es determinante en cuanto a las leyes que ofrecen transparencia.

DESCANSO PARLAMENTARIO

El 2 de agosto los diputados del Congreso regresan del llamado descanso parlamentario, que inició a finales del mes de mayo.

Este tiempo no es más que para permitir que las comisiones de trabajo puedan dedicarse a la aprobación de las iniciativas que tienen a su cargo, evacuar dictámenes y no retrasarse con las sesiones ordinarias que muchas veces no se llevan a cabo.

«No es ningún descanso ya que tenemos que seguir trabajando en las comisiones, pero si algunos usan ese tiempo para descansar ya es otra cosa», responde Nineth Montenegro.