Interrumpo mis comentarios acerca del municipio, para referirme al tema de los Q82.5 millones que algunos funcionarios del Congreso desviaron a una empresa de bolsa. Se le ha llamado «El Escándalo del Congreso», pero creo que el escándalo lo han hecho los medios de comunicación, ya que algunos (no todos) columnistas y reporteros poseídos de un morbo muy chapín, se gozan con esta clase de sucesos, buscando solamente lo negativo y lo malo, y se entusiasman cuando descubren algún «clavo», sobre todo si éste se produce en las esferas oficiales. Es la forma de vender en esta sociedad tan fragmentada y egoísta en que priva sólo el interés particular, alimentado por un sistema que, sin haber alcanzado su optimización, se encuentra ya en franca decadencia.
En los siglos anteriores al XVIII los gastos del Estado y sus ingresos era facultad absoluta del soberano; tanto en las monarquías como en el sistema feudal, eran los detentadores del poder los que tenían la potestad exclusiva de fijar el presupuesto del Estado. Modernamente, en un régimen democrático y representativo, corresponde al pueblo a través de sus representantes legítimos, decretar los ingresos y autorizar los gastos para un período determinado. Característica fundamental del presupuesto, entre otras, es su unidad, a lo que se agrega que debe existir un equilibrio entre ingresos y gastos. Corresponde al Organismo Ejecutivo, como administrador de los intereses de la Nación, elaborar el proyecto de presupuesto, mediante un departamento técnico del Ministerio correspondiente. Los gastos en ningún caso deben superar a los ingresos o viceversa.
En un país pobre en que impera la pluricarencia de satisfactores, es inaceptable que los órganos gubernamentales puedan tener ahorros, menos aquellos que sólo tienen gastos de funcionamiento, como es el caso del Organismo Legislativo que sólo necesita del erario lo indispensable para los sueldos (jugosos por cierto) de los diputados, sus dietas, gastos de representación, comilonas, viajes con viáticos pagados, salarios de los empleados, costes de equipo y un ejército de asesores (parientes y partidarios) de inútil ayuda, es inconcebible que tengan ahorros y, lo peor, que los usen para negocios particulares violando la ley.
En Guatemala ocurren cosas curiosas y hasta ofensivas ¿Cómo es posible que en un país pequeño y rayano en la más grande pobreza, haya un excesivo número de diputados, que gozan de tantas prebendas y aún hagan jugosos negocios? Esto es el colmo de la desfachatez y la desvergí¼enza. Solamente deseo, para terminar, hacer hincapié en que en una nación altamente necesitada, en la que prevalecen la pobreza, las enfermedades y la ignorancia, ninguna autoridad u organismo debe tener ahorros o superávit en sus gastos.