La acción realizada por pobladores de Izabal al tomar como rehenes a cuatro turistas de nacionalidad belga y a dos guatemaltecos, constituye un hecho en extremo delicado que no sólo afecta la imagen de nuestro país en el extranjero, dañando seriamente al sector turístico, sino también evidencia la crisis en el estado de derecho en el país.
Entendemos que todo es resultado del reclamo de pobladores que sienten que su dirigente está preso por acoso y que no tienen confianza en el sistema judicial que lo procesa. Y puede uno pensar que hay antecedentes en los que se ha demostrado que los jueces se venden al mejor postor y que en casos de conflictos de tierras no siempre resuelven apegados a derecho sino que atendiendo los intereses de quienes tienen recursos para inclinar a su favor la balanza de la justicia. Negar que algunos jueces venden la administración de justicia sería pecar de ciegos, lo que contribuye a generar esta situación en la que la población reniega de las decisiones judiciales.
Pero la flagrancia del delito de secuestro con la toma de rehenes es indiscutible y los pobladores que actúan de esa manera están cometiendo una clara y abierta violación de la ley que el Estado no puede permitir. De la misma manera en que no se puede tolerar que los linchamientos queden impunes, porque aunque la población sienta que tiene legitimidad moral para proceder así por la falta de justicia formal, ha sido la incapacidad del Ministerio Público para procesar a los líderes de los linchamientos lo que ha permitido que florezca ese comportamiento en el país.
Ahora mismo estamos frente a un caso gravísimo, porque el Gobierno ha sido colocado en la posición más difícil porque no puede negociar un caso que está sujeto a la jurisdicción de los tribunales y menos debe hacerlo cuando hay un delito de por medio. Queremos ser ecuánimes entendiendo que para la población marginada del país, la justicia y los tribunales no son garantía de respeto al estado de derecho, pero tampoco puede permitirse que se genere esa anarquía absoluta que pone en grave riesgo la vida de gente inocente.
La toma de rehenes es mundialmente repudiada y el Gobierno tiene que manejar esta crisis con sumo cuidado. El valor más importante es la vida de los rehenes y es lo que debe tutelarse. Pero ello sin actuar de forma tal que se estimule ese tipo de comportamientos criminales que nos pintan ante el mundo como salvajes y como un pueblo en el que no existe el concepto esencial del respeto a la dignidad humana. Los pobladores tienen derecho a mostrar su apoyo a su dirigente, pero jamás cometiendo un delito como el secuestro de personas que nada tienen que ver con el incidente.