La imposición de la estructura colonial basada en la tenencia de los medios de producción en pocas manos y la explotación de la fuerza de trabajo en condiciones de esclavismo, determinó la situación tan desigual que existe entre los diferentes grupos poblacionales que constituyen Guatemala. De ahí­ que en nuestra sociedad las exclusiones sean de carácter histórico.

Hasta el momento, con excepción de las administraciones de Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo írbenz Guzmán, ningún Gobierno ha implementado verdaderas polí­ticas de desarrollo para el campesinado, el sector que presenta los mayores í­ndices de pobreza y exclusión.

De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano y Pacto Fiscal del PNUD, más de la mitad de la población guatemalteca (57%) es decir, 6 millones de habitantes del paí­s viven en pobreza, de los cuales más de un cuarto (27%) forma parte de las familias que viven en pobreza extrema. El estudio señala que el porcentaje de pobres en el área rural corresponde a más del 75% de la población; 4 de cada 5 personas viven en el área rural y 3 de ellas son indí­genas.

Esta situación es el resultado de la concentración de la tierra productiva del paí­s en pocas manos: el 65% de la tierra cultivable de Guatemala es propiedad única del 2.1% de la población.

Este grupo que goza de una serie desmedida de privilegios, que ha mantenido el control permanente de las instituciones del Estado y que se vio amenazado con la irreverente idea de impulsar una redistribución de la tierra, es uno de los principales responsables de la precaria situación de vida de la mayorí­a de la población campesina.

Ahora, al igual que durante los años del conflicto armado interno, la principal reivindicación de las organizaciones campesinas es el acceso a la tierra. Sin embargo, su demanda es sistemáticamente criminalizada y deslegitimizada por los voceros del sector del poder tradicional.

Todaví­a se corre el riesgo de ser señalado como «comunista» si se plantea la viabilidad de una Reforma Agraria. Pero sabemos que la distribución justa no basta, porque al final de cuentas el territorio guatemalteco tiene una extensión limitada. Entonces, es indispensable un programa integral que garantice, además, la capacitación del sector campesino, el acceso al crédito y la tecnificación para la productividad.

Durante cuatro dí­as hasta el 15 de abril, miles de campesinos y campesinas marcharán desde Los Encuentros hasta la Ciudad Capital para conmemorar los treinta años de integración del Comité de Unidad Campesina (CUC), y para reiterar la necesidad de un cambio en la estructura agraria del paí­s que termine con la pobreza de la población rural y campesina.