En nuestra opinión anterior indicamos que la tercera forma de proteger a quienes se retiran es que las pensiones que se les otorgan sean actualizadas a medida que transcurran los años y se produce la inflación que existe en todos los países, lamentablemente el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se encuentra entre los que menos actualizan las pensiones de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, ello en buena parte se debe a que los miembros de la Junta Directiva no dedican el suficiente tiempo de análisis, ni le requieren a la Gerencia y al Consejo Técnico que permanentemente estén encontrando las mejores áreas de inversión de las enormes reservas que constituyen los aportes de los trabajadores en dichos programas, tampoco han sido capaces de lograr que las normas de financiamiento que rigen para dichas reservas se hayan modernizado.
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Cuando estos programas se iniciaron el quetzal tenía paridad con el dólar, mientras que hoy el valor del dólar es de Q7.80, lo que implica casi ocho veces la pérdida de poder adquisitivo. Por el contrario, las pensiones podría decirse que se mantienen estáticas.
Qué ventaja tiene esa forma multisectorial de integrar la Junta Directiva si ninguno de los representantes plantea las indispensables reformas de las pensiones, por el contrario, si se analiza las escalas salariales y el número de trabajadores que integran el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, encontraremos que de la época en que el quetzal y el dólar eran paritarios, el personal casi se ha triplicado y el ingreso del Presidente, del Gerente y de todos los ejecutivos también se han triplicado, evidenciando que cuando se trata de medirse así mismo, tanto la Junta Directiva, la Gerencia, el Consejo Técnico y los actuarios sí emiten opiniones que les favorecen, criterios que en ecuanimidad también deberían de aplicarse a los miles de miles de pensionados que en muchos casos apenas subsisten de la pensión que se les ha otorgado.
Claro está que para poder otorgar ajustes y mejoras, el IGSS, siempre bajo una muy estricta política de inversión, debe de diversificar la colocación de esas reservas técnicas. Por ejemplo, si el gobierno de Guatemala coloca bonos internacionalmente en dólares o en euros, por qué el seguro social no adquiere el 20% de esas emisiones, logrando con ello no sólo mayor certeza de largo plazo en la inversión, sino mayor rentabilidad.
Lo mismo se aplica a los Bonos del Tesoro emitidos en quetzales a 10 y 15 años, cuya tasa de interés es dos puntos promedio arriba de la tasa de interés que los bancos privados, en el mejor de los casos le pagan a los depósitos a plazo del seguro social.
Avanzando un poco más en los criterios y posibilidades, el seguro social perfectamente podría adquirir hasta el 50% de la propiedad de las hidroeléctricas que posee el INDE y así beneficiarse del valor de la generación eléctrica que permanentemente es actualizada, año con año, a través de la comisión de energía eléctrica.
A ello, adicionemos la posibilidad que no fuera solo Carlos Slim y otros más los dueños del servicio telefónico, sino que como accionista el seguro social pudiera ser dueño de un 20% a un 40% de las acciones de esas empresas que, como se puede comprobar, desde que fueron privatizadas hasta la fecha son sumamente rentables. Otra alternativa igual de viable es que en lugar que una empresa pública colombiana sea la dueña de la Empresa Eléctrica de Guatemala, el Seguro Social fuese condueño minoritario de las empresas comercializadoras de energía eléctrica.
¡Guatemala es primero!