El sistema de previsión social que por norma constitucional le compete administrar en un régimen único al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, no ha sabido prever y las reservas técnicas que hace 25 años eran reservas donde el quetzal era igual al dólar, se han visto mermadas con la devaluación; aunque los números crecen los valores de estas reservas decrecen, lo mismo acontece con el poder adquisitivo de las pensiones de los afiliados a través del Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia. A ello se le debe agregar que no es lo mismo que una persona tenga la posibilidad de pensionarse a los 60 años que a los 65 o los 70.

 

El problema es grave, son muchos los paí­ses que están tratando de afrontarlo y resolverlo: Estados Unidos, Europa y América Latina lo tienen, algunos han reconvertido su sistema de pensiones, han buscado que en lugar de ser un sistema de reparto sea de cuenta individual; es decir, que la persona contribuya y que los recursos que aporta, más los que aporta el patrono y el Estado, se acumulen especí­ficamente para su retiro. Incluso, se ha aceptado que el trabajador pueda aportar un mayor porcentaje de sus recursos en los años productivos de forma voluntaria y así­ incrementar la pensión que recibirá en su retiro.

 

Adicionalmente, se trata de aumentar la edad de retiro, aspecto delicado y conflictivo que debe saber justificarse y convertirlo en algo conveniente y atractivo para que de esa forma el adulto mayor pueda optar a retirarse tardí­amente porque le conviene, comprendiéndose que vivirá menos años y por consiguiente su pensión debe tener un monto mayor.

 

Celebrar el dí­a del adulto mayor, como se ha hecho recientemente, evidencia la sensibilidad polí­tica del tema; pautar campos pagados, invitar a comerse un tamal, reunirse en el Parque Central o en el Parque de la Democracia, comprueba que los adultos mayores son un objetivo polí­tico partidario.

 

El Gobierno de la República debe buscar consolidar cualquier prestación económica o de servicios médicos a través del IGSS, evitando con ello la dispersión y la ineficiencia que puede conllevar el otorgar una prestación económica como de hecho se está haciendo a través del Ministerio de Trabajo a favor de 89 mil personas de la tercera edad actualmente.

 

Aumentar la pensión que conlleva el Acuerdo 85-2005 tiene que basarse en análisis actuariales y fundamentos económicos adecuados que den sustento y garantí­a a esta prestación social. Debe evitarse la discriminación o el privilegio que ha implicado el que a algún grupo o asociación como es el caso de la denominada Asociación Dulce Refugio se le otorguen por la Comisión de Finanzas un millonario aporte y a otras entidades, tanto o más meritorias, no se les otorgue nada.

 

Los programas de la tercera edad deben manejarse  de forma responsable y no demagógica.