Principio este artículo agradeciendo a los 33 correos electrónicos que recibí en relación al tema abordado acerca de la Supervisión Educativa; y me permito por este medio, no sólo aseverar lo dicho, también ofrezco algunos detalles de las conductas de estos/as servidores/as públicos de la forma en que ejercen coacción con el objetivo de «redondear» su sueldo, que ellos/as lo consideran «inadecuado» por sus «meritorios» servicios.
Entiendo y comprendo que los servicios de los/as supervisores/as es esencial para el buen desarrollo de la actividad educativa en al país; porque se controla la asistencia de los mentores en las instituciones oficiales, se determinan las necesidades materiales y se lleva un control administrativo de funciones.
La Supervisión, debería ser la actividad medular el sistema educativo, sin embargo, en Guatemala, se tornó en una acción intimidatoria, cruel y despiadada respecto al control de asistencia de los/as docentes, y éstos/as se solazan con demostrar su «autoridad» para los efectos de «reconocimiento» social por parte del sector docente y administrativo.
Pero? la mayoría de los/as supervisores/as no tienen la calidad moral para exigir a las instituciones educativas bajo su «supervisión» el buen desarrollo de las actividades educativas, porque son los/as primeros/as en dar el mal ejemplo con la falta de asistencia a sus labores y la falta de asistencia pedagógica al sector docente; éstos, al igual que la mayoría de maestros/as de educación primaria y de educación media, desde que se graduaron no han seguido estudios superiores mucho menos recibir cursos o «reciclajes» pedagógicos que los hagan mejorar en su tarea docente de todos los días.
La indolencia, es el más grave factor que se apodera de la actividad educativa, y arrastra a los docentes y supervisores/as a mantener una conducta de enseñar y/o trabajar sin alteraciones de cualquier naturaleza, de esa cuenta, tanto los maestros como directores de centros educativos se habituaron a una relación de supervisión «superficial» para no hacer «olas» y evitarse cualquiera clase de problemas.
La extorsión, el chantaje, la amenaza y la coacción, son armas regulares que los supervisores/as educativos utilizan para demostrar su «autoridad», para que se les «reconozca» como las personas que pueden decidir sobre el destino de los centros educativos bajo su responsabilidad. Lamentable, pero cierto; hay supervisores que coaccionando a los propietarios de colegios les han impuesto directores y secretarias que han resultado ser los/as amantes de los/as supervisores/as que los «recomiendan» en el entendido que de esa forma sus actividades administrativas serán resueltas de manera positiva.
Las instituciones educativas han confiado en los buenos oficios de los/as supervisores/as, esperando una supervisión técnica y pedagógica, pero grande ha sido el fiasco al descubrir que sólo se encargan de firmar documentos, supervisar la asistencia de los docentes, hacer denuncias administrativas fuera del orden y de la verdad, «consignar» a los/as docentes por supuestas faltas al servicio, mientras que ellos/as siguen «trabajando» o sea extorsionando a colegios privados e institutos y escuelas nacionales) con su manto de impunidad.
Los afectados no se atreven a denunciar los hechos delictivos de los/as supervisores/as porque ello significa ser merecedor de represalias. Reconozco que hay supervisores/as intachables, dignos/as y que merecen el respeto de la sociedad, pero también hay que reconocer, que los/as hay con mente comerciante y con fines de lucrar con un puesto de esa naturaleza.