El instrumento preferido de la política de eliminación sistemática, el cual utilizaba a las fuerzas de seguridad del Estado en la ejecución de opositores, críticos, dirigentes sindicales, le ha sobrevivido al tiempo.
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De acuerdo con el documento de la Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), los denominados escuadrones de la muerte eran los encargados de los ajusticiamientos extrajudiciales. En el área rural la mayor cantidad de hechos de este tipo le son adjudicados a las fuerzas castrenses.
No obstante se señala que en el área urbana «los asesinatos de la Policía exceden a los del Ejército a lo largo del conflicto armado»; estas ejecuciones, asegura, seguían las órdenes del Ejército.
Esta práctica, según Iduvina Hernández de Seguridad en Democracia (Sedem), era la característica de un Estado contrainsurgente que se alejaba de las normativas de procesar penalmente a quien hubiera cometido un delito, y practicaba una eliminación selectiva y sistemática.
Las ejecuciones actuales
El caso del asesinato de los cinco jóvenes (cuatro de ellos con un amplio récord delictivo) que según las primeras investigaciones del Ministerio Público (MP) habrían sido cometidos por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) es en palabras de la activista una continuación de esta etapa.
Según Orlando Blanco del Centro Internacional de Investigación en Derechos Humanos (CIIDH), los últimos hechos en los cuales se involucra a la PNC en ejecuciones extrajudiciales es un móvil de operación vinculado a la operación del crimen organizado.
Apunta además, que los hechos de la presente semana no forman parte de una política de limpieza social, sino son el reflejo de las estructuras criminales que operan amparadas por la institucionalidad de la PNC, quienes se encuentran enriqueciendo ilícitamente.
Esto refiere que en los últimos años parte de las fuerzas de seguridad han pasado a integrar el brazo armado de carteles del narcotráfico y en muchos casos la ocupación de sicarios de turno.
De acuerdo con Blanco, un ejemplo claro se halla en los niveles de incautación de droga que se han realizado en los últimos años, los cuales apunta han ido en un constante decrecimiento, una de las razones es la protección que las fuerzas de seguridad prestan a los corredores usados por el narco, señala.
La necesidad de la refundación
Lo anterior, coinciden los analistas, refuerza el desprestigio de la PNC y lesiona los niveles de confianza de la población y la institucionalidad del Estado.
Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), asegura que para erradicar estos vicios es importante consolidar el proceso de depuración y refundación de la PNC.
No obstante para realizar una depuración real deben existir mecanismos externos que sirvan de ente autónomo, el cual vaya más allá del simple hecho de depurar.
Además es importante, según Rodenas, impulsen una campaña nacional que sensibilice a la sociedad, la cual se ha acostumbrado a este tipo de hechos.
A este tema, señala la directora de Sedem, que desde el momento en que parte de la población ve como alternativa, ante la ineficiencia del Estado de garantizar la seguridad y la justicia, la eliminación de personas y la sociedad entera se vuelve cómplice de estos crímenes.
Las prácticas de ejecuciones de este tipo lejos de resolver la inseguridad acrecientan la crisis social por la cual se pasa en la sociedad, apunta.