No hace muchos días que mi amable anfitrión, el presidente del Consejo de Administración del Diario La Hora, Oscar Clemente Marroquín Godoy, escribió un editorial sobre el importante asunto de la aprobación de un convenio internacional con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En el editorial, Oscar Clemente manifestó su preocupación por el hecho de ceder en parte soberanía del Estado, al vincular a una institución internacional con el Ministerio Público (MP), institución encargada de auxiliar a la administración pública y a los tribunales de justicia, pero con funciones autónomas y velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país y ejercer la representación del Estado. (Artículo 251 de la Constitución Política de la República). Indudablemente que él tiene razón, pero también la tiene al plantear la disyuntiva entre el imperio de la impunidad o la disminución del ejercicio de la soberanía nacional y, finalmente se pronuncia por la majestad de la justicia y el abatimiento de la impunidad.
La cuestión es un problema nacional, respecto del que me permitiré, gracias a la amplitud de la dirección de La Hora ?Tribuna, no mostrador? exponer algunas ideas y opiniones.
En primer lugar, la reciente suscripción (en diciembre del año pasado) del convenio en Nueva York, entre el Vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, y el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, que crea la mencionada Comisión, es un acto que no puede desligarse de otro, que fue su antecedente. Me refiero, al Convenio para el establecimiento de la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad.
Al menos, nominalmente ambos compromisos apuntan a diferentes finalidades: el convenio último apunta a la IMPUNIDAD, en tanto que su antecedente, a escuadrones de la muerte, bandas gangsteriles y paramilitares, a las cuales el Convenio designaba discretamente como Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad. Sabido es que este Convenio no fue aprobado por el Congreso de la República, porque en el mismo, así como en instituciones oficiales de Seguridad como el Ejército Nacional y la Policía Nacional Civil y otras fuerzas públicas, hay grupos de delincuentes, contrabandistas, coyotes migratorios y sicarios de profesión infiltrados y no les convenía que el Gobierno de Guatemala recibiera el apoyo de las Naciones Unidas para extirparlos.
En segundo lugar, al no haber sido aprobado por el í“rgano Legislativo, el Ejecutivo no pudo nunca ratificar el primer Convenio. Como consecuencia de ese fracaso decidió emprender los pasos necesarios para la creación de esta nueva Comisión Internacional contra la Impunidad, así denominada, pero que en su cláusula se asumen compromisos para combatir aquellos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.
Es mi criterio, que si el primer Convenio no fue posible llevarlo a la realidad por las circunstancias mencionadas supra, este segundo Convenio correrá la misma suerte: muerte prenatal. ¿Por qué? Porque en éste se pone énfasis en el combate a la IMPUNIDAD y en la actualidad, y desde hace varias décadas, nuestro país ha sido el paraíso de la impunidad. En los tres organismos del Estado dignatarios, funcionarios y empleados públicos que se han enriquecido ilícitamente, cometido abusos de autoridad, crímenes contra la vida humana, muy rara vez son sancionados penalmente. La negligencia, por no decir encubrimiento, de las autoridades de justicia, incluida la Corte Suprema y de fiscalización como los tribunales civiles, penales, etc. la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación. En el orden de las garantías constitucionales, la Corte de Constitucionalidad, la cual ha omitido resoluciones contra la impunidad. Y en el de la economía nacional, por ejemplo, la ineficiente actuación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); pero, también ha quedado demostrada la complacencia con delincuentes de cuello blanco, como consecuencia de la quiebra de dos bancos, de las autoridades del Banco de Guatemala, de la Junta Monetaria y de la Superintendencia de Bancos.
Esa es cruda realidad. Eso elementos deshonestos y con poder político no van a permitir que el Convenio del CICIG se implante.
En tercer lugar, respecto a que el auxilio de ONU para el combate de la Impunidad sería una garantía, perdóneseme, pero yo la pongo en duda, después de la ímproba actuación de agentes de la Oficina Internacional de Migración (OIM) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), actuación en Guatemala, por cierto nada transparente.
Por último, Oscar Clemente, usted puede estar tranquilo respecto a la disminución de la soberanía nacional, si se ratificara el convenio de la Comisión contra la Impunidad, pues ésta ya casi no existe desde que en Guatemala, para construir unas escuelas, unas clínicas en el campo, y perforar unos cuantos pozos y combatir a los narcotraficantes (que en EUA no lo son), el Congreso de la República desde el año 2002 hasta la fecha viene autorizando la presencia de efectivos militares de tierra, mar y aire de los EUA, que se limitaban a sólo 100 individuos, pero ya se autorizaron a 1000 militares del íguila Calva y 7000 expertos gringos para cuidar nuestras áreas protegidas, además de haber quedado sometida nuestra patria al plan de dominación política y económica de los EEUU, a través del Plan Puebla Panamá y el DR-CAFTA y el ALCA.