A raíz de la crisis de Honduras he leído una gran cantidad de mensajes que rechazan el golpe de Estado en ese país y condenan a sus autores. No obstante, he leído también mensajes que expresan la miopía de sectores de capas medias. Se dan mil razones, todas equivocadas, para apoyar los actos inconstitucionales de los golpistas, no solamente en Honduras sino también en Guatemala -cuando el presidente Chávez dice que un golpe de Estado puede ocurrir en Guatemala no está viendo «micos aparejados», como algunos afirman, sino que «gorilas saliendo de la niebla», azuzados una vez más por la oligarquía y las «estructuras paralelas» de Estados Unidos.
Quienes apoyan a los golpistas hondureños son o quienes saben perfectamente que el objetivo fue conservar el poder que han ejercido por siglos o quienes pecan de ingenuidad y creen las excusas de que fue un acto para prevenir males en ese país. Se aduce que el presidente Zelaya quería ser electo para un segundo período. Esto se ve malo cuando se trata de presidentes no de derecha; pero se vio normal en los casos de Uribe, en Colombia, Ménem en Argentina y Fujimori en Perú. Era imposible que Zelaya fuese reelecto en las próximas elecciones; lo que estaba en juego era la realización o no de un referéndum en el cual se le preguntaría al pueblo si estaba de acuerdo en que se reformase la Constitución. De haber sido sí la respuesta, lo único que se hubiese hecho es elegir la Asamblea Constituyente para hacer las reformas, en el mismo acto de elegir al nuevo presidente, cargo para el cual el mandatario legítimo de Honduras no podía ser ni es candidato. Así, la «justificación» cae por su peso y queda expuesto lo burdo del golpe castrense disfrazado de civil.
Lo que está en juego en Honduras, y algunos quieren que también en Guatemala, es la soberanía del pueblo. Cuando la derecha está fuerte, como pareciera en Guatemala, y se pueden comprar las voluntades de los diputados, se presenta un cavernario paquete de reformas a la Constitución como la que esta semana se entregó al Congreso. Cuando la reforma constitucional la plantean las grandes mayorías para reestructurar un Estado que ya no funciona, quienes han ostentado el poder por casi 500 años se resisten a perder sus privilegios. Ahí es en donde se termina la soberanía del pueblo. En ambos casos, hondureño y guatemalteco, los poderosos han caído en el absurdo, al pretender negar o condicionar la soberanía del pueblo. Incluyeron en las constituciones vigentes, redactadas bajo la bota militar, que hay artículos de la Constitución que no pueden ser reformados. Así, la Carta Magna de nuestros países no puede ser expresión de la voluntad y soberanía del pueblo, como corresponde, sino de aquéllos que, aliados con los militares y Estados Unidos, nos dejaron Estados disfuncionales que están a punto del colapso. Nuestras capas medias deben entender que lo que se acaba de celebrar, el 14 de julio, la Revolución Francesa, fue la única fórmula que le quedó al pueblo francés para clamar su soberanía y ejercerla. De ahí que el llamado del presidente Zelaya a la insurrección, plenamente válida a la luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pueda prender fuego con otros pueblos oprimidos como el de Guatemala si su soberanía se violenta.