El 15 de noviembre se celebra en Guatemala el «Día nacional del adulto mayor». Los adultos mayores son toda persona hombre o mujer mayor de 60 años. Quienes son parte de este rango de edad, tienen derechos y libertades que deben ser respetados, asegurados y garantizadas por el Estado en cumplimiento de las leyes nacionales y en armonía con los tratados y normas internacionales que en esa materia haya ratificado el Estado.
A nivel universal los derechos del adulto mayor están consagrados desde 1982 en la Convención de Ginebra de las Naciones Unidas. A más de la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos regionales y universales.
Guatemala no se queda atrás en cuanto a protección y reconocimiento de estos derechos, el Decreto 80-96 contiene la Ley de protección de las personas de la tercera edad, el Decreto 85-2005 es la Ley del programa del aporte económico del adulto mayor y el Acuerdo ministerial 1096-2009 del Ministerio de Salud Pública que asegura la atención y servicios de salud para estas personas.
El marco legal de protección mencionado no es suficiente, los adultos mayores en el país, son un sector social vulnerable porque no gozan a plenitud de los derechos reconocidos y tampoco de los beneficios contemplados en las leyes.
En Guatemala la situación de los adultos mayores es precaria, difícil y complicada. Los escasos servicios de salud disponibles no cubren la demanda de atención, los programas de protección social no tienen cobertura en todo el país y la seguridad social para ellos está ausente. La falta de ingresos económicos, adecuada alimentación, vivienda digna, acceso a servicios médicos, el maltrato y violencia son parte de la vida cotidiana de estas personas. Los regímenes de pensiones y jubilaciones son limitados e insuficientes.
Las violaciones a los derechos del adulto mayor, se manifiestan con más fuerza en el irrespeto a la vida, seguridad, libertad, dignidad e integridad personal. Un dato dramático es que los abuelos y las abuelas sufren vejaciones, restricciones, abusos y violencia en el propio seno de sus hogares. En otras palabras, el entorno familiar es el foco principal donde se propicia el maltrato y abuso de los adultos mayores.
También las condiciones estructurales de la sociedad propician su exclusión, el sistema les niega oportunidades para una ocupación laboral, los margina de los beneficios del desarrollo y les impide vivir en condiciones de dignidad, con estabilidad, con acceso a servicios de calidad, a la recreación y la cultura.
En otros países las personas con cabellos plateados gozan de amplia seguridad y asistencia social, la sociedad y el Estado les reconoce su valor y les otorga la protección, el trato y el debido respeto. En algunas sociedades se les venera por su sabiduría. Pese a la existencia en el país de varias organizaciones de jubilados y pensionados sobre todo del sector público, la mayor parte de esta población sigue vulnerable, está desprotegida, los programas y políticas públicas que se ejecutan, son insuficientes y deficientes. Hace falta más inversión e intervención del Estado, definir estrategias que satisfagan las crecientes demandas y crear suficientes espacios para interactuar, satisfacer inquietudes culturales y estimular su participación a efecto de que aporten a la solución de los problemas nacionales.
Como siempre, el oportunismo político ofrece cielo y tierra, pero es poco lo tangible.