Luego del señalamiento tan directo que hizo el Presidente de la República contra los diputados por la generalizada práctica de compra de voluntades que hay en el Congreso de la República, algunos de los representantes elevaron la voz de alarma al suponer que se puede estar tramando un proceso de depuración similar al que se vivió en tiempos de Ramiro de León Carpio, cuando una reforma constitucional permitió salir de varias figuras desprestigiadas que formaban parte del Organismo Legislativo.

Sin embargo, creo que ni entonces ni ahora la depuración funcionó ni funcionaría porque el problema no es únicamente la conformación del Congreso sino la forma en que se integran los listados de candidatos y cómo se postula a los que aspiran a una curul. Lo que está mal en el país, y que se refleja en forma exacta en nuestra llamada máxima representación nacional, es la estructura política que lejos de avanzar hacia la democratización que fue el sueño de 1985, terminó afianzando cacicazgos y permitiendo a los poderes paralelos enorme nivel de influencia. Influencia que ha llegado a ser absoluta luego de que entre todos esos poderes paralelos decidieron dejar de enfrentarse para quererse relevar unos a otros cada cuatro años y se pusieron de acuerdo para mantener una especie de equitativo reparto del pastel que les permite mantener el control de sus respectivas áreas de influencia y ayudarse mutuamente con vasos comunicantes debidamente aceitados por la fluidez del dinero producto de la corrupción.
 
 El modelo político de Guatemala no se agotó, sino se prostituyó en forma absoluta y ahora funciona a la perfección pero no para los intereses nacionales, sino para los intereses de esos grupos que controlan tras bambalinas toda la administración pública. Cuando se habla del agotamiento del modelo no es porque esté inactivo e infuncional, sino porque funciona, y demasiado bien, para fines perversos y eso se refleja en la forma en que se comporta la crema y nata de la clase política en el Congreso de la República.
 
 Si hoy en día se procediera a una depuración, el nuevo Congreso a elegir tendría que surgir de los listados que presentarían los mismos partidos políticos que ahora son responsables de lo que está pasando. En otras palabras, veríamos que el remedio sale peor que la enfermedad porque está ya declarado que nuestro escenario político está abierto para las más sucias y abyectas ambiciones y seguramente que si hay nuevos actores serían peores que los que ya están, porque en juego no está la oportunidad de cambiar al país, sino lo que se tiene que decidir es quién tiene la posibilidad de enriquecerse más.
 
 Mientras no enfrentemos y asumamos con seriedad que lo absolutamente impostergable en el país es la reforma del sistema político, cambiando de raíz el régimen de los partidos políticos, no hay salida para la crisis institucional. Todas las instituciones del Estado están copadas por los poderes paralelos que antes se enfrentaban unos a otros y que ahora se ayudan en forma muy solidaria. Aprendieron que nada ganaban con estarse peleando por posiciones que terminaban siendo efímeras y se decidieron a negociar, sacrificando tal vez algunas ventajas, pero asegurando que todas las que subsistan sean permanentes dentro de un pacto que es tan genial como diabólico.
 
 Mientras en otros países se logró avanzar gracias a serios pactos políticos como los que en su momento se suscribieron en España y Venezuela, en Guatemala el país encontró su rumbo cuando los mafiosos que integran los poderes fácticos pactaron y se decidieron a trabajar unidos para asegurar sus privilegios y evitar cualquier amenaza a ellos. Guatemala no puede cambiar porque su institucionalidad fue secuestrada por mafias que saben cómo actuar y que a fuerza de cinismo, aprendieron a convivir.