Dicen que la costumbre se hace ley, y una ley de costumbres que nos ha llevado a la bancarrota de la dignidad y del respeto de los derechos ciudadanos, es precisamente la inseguridad que ha venido cobrando vidas sin distingo de clases sociales. Aquí­ se pega fuerte, como dijera un campesino desesperado ante la masacre de su familia: esposa y tres hijos menores por pleitos familiares de herencia, sucesos criminales comunes en los pueblos donde la ley del monte impera. Y como si el crimen fuera poco y la vida no valiera nada, la violencia cada vez más cruda crece, como la mala semilla bí­blica ahogando las cosechas ante la vista del poder, y no hay acción posible que pueda detenerla, aun cuando el paí­s tiene una sobra escandalosa de leyes, al ser aplicadas no dan el resultado deseado positivo ¿Mal uso de las leyes? ¿Incompetencia jurí­dica? Muchas son las preguntas que surgen ante la magnitud de un problema de vida o muerte que ha sido visto con indiferencia por los grupos de poder que vienen gobernando. Pero el problema se torna candente cuando instancias internacionales toman las riendas para alertar, para recomendar la creación de estrategias en contra de la inseguridad capaces de atacar al crimen organizado que compra conciencias, se filtra en todas la filas públicas y privadas y pudre todo lo que toca en los pueblos sacrificados. Este es un llamado de atención que llega un poco tarde aun cuando se trata de una lección que cuesta caro a la capacidad propia de los funcionarios de turno que llegan al poder y se van con los bolsillos llenos de billetes sudados por los pobres engañados contribuyentes. Poco importa si hay o no antí­dotos eficaces en contra de los infiernos del miedo y del terror que vive la población sometida por la delincuencia. Duele que Guatemala esté señalada como el segundo paí­s del mundo en donde la violencia causa más muertes de mujeres, según las últimas estadí­sticas presentadas por la Organización de la Naciones Unidas (ONU). En 2006, asegura el mismo estudio, se registró en Guatemala el porcentaje de asesinatos infantiles más alto de Latinoamérica, considerándose que la violencia ha crecido cada año en lugar de disminuir, lo que preocupa a esta instancia internacional y la obliga a recomendar a los partidos polí­ticos en este tiempo de proselitismo electoral, que velen en forma permanente por la seguridad, la justicia y los derechos humanos de la ciudadaní­a. Merecen todo mi respeto las sugerencias de la ONU en provecho de la paz y la seguridad de los paí­ses amenazados por la inseguridad. Pero me temo que queden sólo en el papel, porque los lí­mites de la inseguridad han rebasado todos los linderos de la conciencia jurí­dica y humana. Aquí­ sólo cabe a más de recomendaciones la fuerza de la justicia, el orden y el cumplimiento sagrado de los derechos fundamentales del hombre honrado y trabajador. El ataque a la impunidad es el remedio que necesita Guatemala para salir del mar de sangre donde la ahoga el crimen organizado que libre o en prisión siguen sus tentáculos masacrando comunidades. ¿Tendremos que seguir con esta atroz costumbre de injusticia a la que los servidores del Estado han sometido al paí­s, sin respiro ni clemencia? ¿Será que la voz de la ONU tendrá eco en el programa de trabajo de los presidenciables? Pese a las equivocaciones de algunas celebradas organizaciones internacionales que haN fallado en sus dictámenes en ciertos conflictos y han tenido presencia oscura en delicados debates de alto consenso internacional, como en el caso del robo de Belice a Guatemala por Inglaterra que incumplió el pacto de condiciones, la intervención de la instancia internacional fue débil e injusta, perdiendo ante los ojos del mundo gran parte de su credibilidad. Sin embargo, en el caso especí­fico de la ONU queda una esperanza, que con su aporte puedan mejorar las condiciones de las naciones oprimidas por la violencia, la impunidad y la injusticia.